Alligator Alcatraz bajo lupa judicial: piden aclarar quién lo opera y su impacto ambiental

Florida : Jueces exigen claridad sobre Alcatraz

Migrantes incomunicados y hospitalizados

Ambientalistas piden cierre inmediato

En medio de una creciente presión social y legal, dos jueces federales de Florida han solicitado información clave al Gobierno de Estados Unidos y al estado de Florida sobre el centro de detención migratoria informalmente conocido como Alligator Alcatraz.

Las autoridades judiciales exigen claridad sobre su operación y posibles violaciones a los derechos humanos y ambientales.

Florida en el centro de la polémica migratoria

FOTO: Archivo MundoNow Twitter

Qué está pasando en Florida

El centro, ubicado en un antiguo aeropuerto entre los humedales de los Everglades, retiene migrantes desde el 3 de julio.

La instalación, también llamada “Alcatraz de los Caimanes”, es el foco de dos demandas: una impulsada por defensores de los migrantes y otra por grupos ecologistas.

La jueza Kathleen Williams, del Distrito Sur de Florida, ordenó al Gobierno que entregue los acuerdos que tiene con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) para operar el centro.

Además, exigió que se presente “el más reciente estudio de impacto ambiental” del sitio, por su ubicación dentro de un ecosistema protegido donde viven especies en peligro de extinción.

En un caso paralelo, el juez Rodolfo A. Ruiz II autorizó a los demandantes —liderados por la ACLU y personas migrantes detenidas— a exigir al Gobierno la revelación de convenios interinstitucionales relacionados con el centro.

Por qué es importante

Organizaciones de derechos civiles y grupos ambientalistas sostienen que Alligator Alcatraz opera bajo una figura opaca y sin supervisión clara.

Afirman que ni el Gobierno federal ni el estatal se hacen responsables de su administración directa, lo que deja a los migrantes en un limbo jurídico y expone el área natural a daños irreversibles.

“Esta es una situación sin precedentes en la que cientos de detenidos están incomunicados, sin habilidad para acceder a las cortes, bajo una autoridad que nunca se ha explicado y que podría no existir”, señala la demanda presentada por ACLU y Americans for Immigrant Justice.

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El contexto

La polémica creció luego de que el gobernador Ron DeSantis confirmara que el DHS había comenzado a utilizar la pista aérea del centro para vuelos de deportación.

Esto activó aún más las alarmas entre las organizaciones civiles y ambientales.

Según datos revelados por el Gobierno de Florida, el centro tiene capacidad para 2,000 personas, con planes de expansión hasta 4,000.

Grupos como Friends of the Everglades y el Center for Biological Diversity buscan su cierre inmediato.

Desde su apertura, ya se han registrado 1,000 detenciones y seis hospitalizaciones, según los denunciantes.

Manifestantes lo han descrito como un “campo de concentración” y una “jaula para perros”.

El panorama legal

Las demandas apuntan a frenar la operación del centro, al menos hasta que se definan responsabilidades y se aclare el marco legal bajo el cual funciona.

Los jueces han dado pasos importantes al exigir documentos que hasta ahora no han sido transparentados por ninguna de las partes gubernamentales.

¿Crees que los centros de detención migratoria deben estar bajo mayor supervisión judicial y ambiental?

FUENTE: EFE