Delcy Rodríguez aparece en la lista de sancionados de la Unión Europea por «violaciones a los Derechos Humanos»

Delcy Rodríguez sancionada

UE extiende medidas

Tensión diplomática con España

En medio de un escenario político marcado por tensiones internas y presiones internacionales, una de las figuras más visibles del poder venezolano vuelve a quedar bajo el foco europeo.

La vicepresidenta ejecutiva de Venezuela, Delcy Rodríguez, forma parte del grupo de funcionarios sancionados por la Unión Europea, una medida que Bruselas mantiene como herramienta de presión frente a la crisis institucional del país.

Delcy Rodríguez y su papel en el escenario político internacional

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Qué está pasando

La vicepresidenta ejecutiva de Venezuela, Delcy Rodríguez —a quien el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha confiado la responsabilidad de la nueva relación bilateral y que se perfila como figura clave en un eventual proceso de transición— integra la lista de 69 personas sancionadas por la Unión Europea (UE).

Las sanciones están relacionadas con acciones consideradas contrarias a la democracia y al Estado de Derecho, así como con violaciones de derechos humanos y la represión de la sociedad civil y la oposición en Venezuela.

El contexto de las sanciones europeas

La Unión Europea introdujo su régimen de sanciones contra Venezuela en noviembre de 2017.

Delcy Rodríguez fue incluida posteriormente, en junio de 2018. Las medidas afectan a un total de 69 individuos, en su mayoría altos cargos cercanos a Nicolás Maduro.

Estas sanciones implican la congelación de activos dentro del territorio europeo, la prohibición de poner a su disposición fondos o recursos económicos —ya sea de forma directa o indirecta— y la restricción de viajar a países de la Unión Europea.

El pasado 15 de diciembre, los ministros de Exteriores de la UE acordaron prorrogar estas medidas por un año más, extendiéndolas hasta el 10 de enero de 2027, en el marco de la crisis política venezolana.

Quiénes figuran junto a Rodríguez

Además de Delcy Rodríguez, la lista incluye a figuras clave del aparato estatal venezolano.

Entre ellas están el ministro de Interior, Diosdado Cabello; Tibisay Lucena Ramírez, expresidenta del Consejo Nacional Electoral; Antonio José Benavides Torres, excomandante de la Guardia Nacional Bolivariana; Maikel José Moreno Pérez, expresidente del Tribunal Supremo de Justicia; y Tarek William Saab Halab, actual fiscal general.

Según explicó el Consejo de la UE, las sanciones responden a «las persistentes acciones que socavan la democracia y el Estado de Derecho, así como las continuas violaciones de derechos humanos y la represión de la sociedad civil y la oposición democrática, también en relación con la celebración y los acontecimientos que siguieron a las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024″.

De forma reiterada, Bruselas ha señalado que el objetivo de estas medidas es «apoyar una solución negociada y democrática para la crisis en Venezuela».

Batallas legales en Europa

Delcy Rodríguez intentó revertir las sanciones por la vía judicial. El 14 de julio de 2021, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) desestimó el recurso que presentó contra las medidas impuestas en 2018, al considerar que había socavado la democracia y el Estado de Derecho en Venezuela.

El tribunal, con sede en Luxemburgo, también rechazó los recursos de otras diez personas cercanas al régimen de Nicolás Maduro, incluido Diosdado Cabello.

No obstante, sí aceptó el recurso presentado por Maikel Moreno, al concluir que la UE no fundamentó de manera suficiente su inclusión en la lista de sancionados.

El episodio con España

La relación entre Delcy Rodríguez y España quedó marcada por un episodio ocurrido en enero de 2020.

La vicepresidenta venezolana realizó una escala en el aeropuerto de Madrid, donde sostuvo un breve encuentro con el entonces ministro de Transportes, José Luis Ábalos, en la zona de tránsito.

El hecho generó una fuerte polémica, ya que Rodríguez tenía prohibida la entrada en territorio europeo.

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El Gobierno español argumentó que no ingresó legalmente al país y que se respetaron las sanciones.

El caso llegó al Parlamento Europeo y, aunque la Fiscalía de Madrid lo archivó, en 2025 la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo mantuvo abierta una solicitud para aclarar si España incumplió el régimen sancionatorio.

FUENTE: EFE