¿Eres inmigrante y recibes SNAP o Medicaid? Podrías perder acceso a tu Visa

El DHS propone ampliar la regla de “carga pública”.

La medida influiría en solicitudes de residencia y uso de beneficios.

Se abre un período de 30 días para comentarios públicos antes de una decisión final.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) presentó una propuesta para revertir protecciones creadas en 2022 y volver a evaluar el uso de beneficios públicos como factor en solicitudes migratorias.

La medida impactaría a quienes buscan mantener o solicitar residencia permanente, generando preocupación en comunidades inmigrantes.

Aunque todavía es un aviso preliminar, el debate ya se centra en el acceso a servicios esenciales, la estabilidad económica y la incertidumbre sobre futuros trámites migratorios.

Uso de beneficios del gobierno y el riesgo migratorio

El DHS plantea derogar la normativa de 2022 alegando que limita su capacidad para determinar si una persona podría convertirse en una carga pública.

Bajo esta visión, el uso de beneficios del gobierno como SNAP, Medicaid o Medicare podría considerarse nuevamente un factor relevante al evaluar ciertos trámites migratorios.

En este video explicamos la propuesta del DHS para revivir y fortalecer la regla de carga pública, una política que podría afectar a ciertos inmigrantes que están aplicando a la residencia permanente si reciben beneficios públicos por períodos prolongados. pic.twitter.com/KqFLXZkRxY

— Jesus Reyes Esq. (@jesusreyeslaw) November 19, 2025

Esto marca un cambio significativo frente a las protecciones vigentes.

La regla de carga pública, parte de la Ley de Inmigración y Nacionalidad, ha sido históricamente usada para negar cambios de estatus a quienes dependen mayormente del Estado.

Organizaciones han advertido que regresar a criterios más amplios podría generar temor entre inmigrantes que necesitan servicios básicos de salud y alimentación.

Cómo podría influir en la tarjeta verde

De aprobarse, los criterios de carga pública podrían influir en decisiones sobre la tarjeta verde y la residencia en Estados Unidos.

Esto preocupa a millones de familias que utilizan ayudas permitidas por la ley, pero que temen arriesgar su estabilidad migratoria.

Ya en el pasado, regulaciones similares provocaron que miles de personas evitaran consultas médicas, renovaciones de beneficios o programas de nutrición infantil por temor a cómo serían interpretados en sus trámites.

Para la comunidad latina, que tiene una alta proporción de inmigrantes legales, esta incertidumbre afecta decisiones cotidianas y la seguridad económica del hogar.

Impacto en la comunidad latina

La propuesta podría cambiar la forma en que los inmigrantes latinos acceden a servicios básicos.

Muchos hogares dependen de Medicaid o SNAP para cubrir necesidades esenciales mientras estabilizan ingresos.

Aun cuando nada cambia todavía, el anuncio genera dudas en familias que intentan cumplir con los requisitos migratorios.

Además, la percepción pública de riesgo puede llevar a que personas elegibles eviten apoyos fundamentales, afectando su salud, alimentación y bienestar, incluso cuando la ley aún permite recibirlos sin consecuencias directas.

Qué dice el texto oficial

Según el documento del DHS, la derogación permitiría “restablecer una mayor discrecionalidad para evaluar todos los hechos pertinentes” y alinearse con la política de autosuficiencia.

También se propone revisar el uso, incumplimiento y cancelación de fianzas relacionadas con carga pública.

Qué sigue

El proceso está en fase inicial: el gobierno abrió un período de comentarios de 30 días.

Después, decidirá si implementa el reglamento, lo modifica o lo abandona.

Por ahora, no hay cambios en el acceso a beneficios ni en los criterios migratorios para la residencia en estados unidos.

No obstante, si la propuesta avanza, las reglas podrían endurecerse y cambiar la manera en que los inmigrantes usan programas de apoyo.