Jueza frena fin del ‘parole’ CHNV para migrantes

¿Fin del parole CHNV en suspenso?

¿Injustificada la decisión del gobierno?

¿Millas de migrantes en riesgo de perderlo todo?

Una jueza federal detuvo temporalmente la revocación del programa de ‘libertad condicional’ humanitaria CHNV, impulsada por el presidente Donald Trump.

Esta decisión representa un alivio para millas de migrantes cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos que viven actualmente en Estados Unidos bajo este beneficio.

La magistrada Indira Talwani anunció el jueves que frenará el intento del gobierno de eliminar este programa a partir del 24 de abril de 2025.

Durante una audiencia, Talwani criticó los argumentos presentados por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), al afirmar que la ‘libertad condicional’ ya no cumplía su objetivo.

Jueza detiene el fin Parole para inmigrantes

Jueza detiene el fin del Parole FOTO Shutterstock

La jueza cuestionó la legalidad del proceso y afirmó que los beneficiarios ahora enfrentan una situación crítica: “huir del país” o “arriesgarse a perderlo todo”.

“El DHS debe tomar decisiones razonadas”, dijo Talwani, y señaló que el gobierno interpretó erróneamente la ley al justificar la cancelación.

De acuerdo con el DHS, el gobierno de Joe Biden abusó del uso de la ‘libertad condicional’ humanitaria, por lo que inició un proceso para eliminarlo de forma gradual.

El programa CHNV fue lanzado en 2022 y permitió que migrantes de los cuatro países llegaran en avión a EE.UU. UU. con el apoyo de patrocinadores legales.

Estos patrocinadores podían ser familiares o personas sin vínculo directo, de acuerdo con Univision.

Los migrantes recibían permisos de dos años y, durante ese tiempo, debían solicitar otro tipo de estatus migratorio, como asilo o Estatus de Protección Temporal (TPS).

Los primeros beneficiarios fueron los venezolanos. Luego se expandió a los otros tres países.

Hasta el momento, se desconoce cuántos migrantes lograrán cambiar su estatus antes del intento de cancelación.

Los demandantes calificaron la medida del gobierno de Trump como “sin precedentes” y dijeron que violaba la Ley de Procedimientos Administrativos.

También señalaron que la eliminación del beneficio los dejaría sin estatus legal ni posibilidad de trabajar.

Por su parte, los abogados del gobierno argumentaron que la demanda no tenía legitimidad y que la decisión del DHS era legal.

Sin embargo, de acuerdo con la jueza Talwani, la explicación del gobierno no es suficiente para terminar un programa de esta magnitud sin un análisis legal adecuado.