El Departamento de Justicia exige datos de inmigrantes en cárceles de Los Ángeles; el sheriff Luna se niega a colaborar

Departamento de Justicia exige datos

Luna rechaza presión federal

California defiende leyes santuario

El sheriff del condado de Los Ángeles, Robert Luna, afirmó que enfrenta presiones del gobierno federal para entregar información sobre inmigrantes encarcelados.

Durante una rueda de prensa, Luna denunció haber recibido cartas que considera amenazantes por parte del Departamento de Justicia.

“Muchas dicen que, si no lo haces, habrá consecuencias, incluso hasta el punto de ser acusado a nivel federal”, declaró.

Las solicitudes exigen listas detalladas de reclusos no ciudadanos, incluyendo delitos y fechas de liberación.

Leyes santuario impiden colaboración con ICE

Departamento de Justicia exige datos de inmigrantes-Foto: Shutterstock

El Departamento de Justicia está enviando estas peticiones a varias oficinas del sheriff en todo California. Pero Luna asegura que su agencia no puede colaborar ni aunque quisiera hacerlo.

“No preguntamos por el estatus migratorio”, dijo Luna. “No sé cómo vamos a proporcionar una lista a nadie”.

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La legislación santuario en California impide compartir datos con agentes migratorios sin orden judicial. Estas leyes buscan proteger la relación entre comunidades inmigrantes y la policía local.

Según Luna, este año agentes federales sí obtuvieron órdenes judiciales en 20 casos puntuales. Sin embargo, subrayó que no pueden atender requerimientos masivos sin respaldo legal.

Gobierno federal accede a bases de datos

“El gobierno federal solicitó datos de 435 personas para 2025”, reveló. “No hemos cumplido con ninguna”.

Según con ‘CBS News’, el Departamento de Justicia quiere conocer de antemano cuándo serán liberados inmigrantes detenidos. Pero en California, esa cooperación sólo es posible con una orden emitida por un juez.

Luna enfatizó que el Departamento del Sheriff no hace tareas de control migratorio. “No podemos hacer nuestro trabajo sin la confianza pública en nuestra comunidad”, afirmó.

La administración Trump ha intensificado esfuerzos para rastrear a inmigrantes mediante otras vías. Uno de esos caminos es el acceso a la base de datos de Medicaid, con 75 millones de registros.

Buscan ampliar control

Esa información incluye domicilios y se utiliza para verificar ciudadanía, según reportes recientes. El gobernador Gavin Newsom respondió con una promesa de defensa ante lo que considera una invasión estatal.

“Lucharemos contra cualquier intento de acceder a la información de los afiliados a MediCal”, dijo Newsom. El programa MediCal está financiado con fondos estatales y atiende a miles de inmigrantes en California.

Mientras tanto, republicanos en el Congreso critican las leyes santuario por considerarlas un obstáculo. “No se les permite hablar con ICE. No se les permite coordinar”, denunció el representante Kevin Kiley.

Para Kiley, esas restricciones permiten que personas con antecedentes salgan en libertad. Pero defensores de los derechos civiles advierten que esas medidas erosionan la confianza en las instituciones.

Critican límites legales a la cooperación migratoria

Luna insiste en que su compromiso está con la seguridad local, no con la política migratoria federal. Desde su oficina, se niegan a actuar como extensión de ICE sin la debida autorización legal.

“Esto no es ideológico”, aseguró. “Es una cuestión de principios constitucionales y normas estatales”. El conflicto entre autoridades locales y federales escala en un año marcado por tensiones electorales.

El condado de Los Ángeles tiene una de las mayores poblaciones inmigrantes del país. Activistas y abogados migratorios temen que el uso de bases de datos de salud abra la puerta a nuevas redadas.

Al mismo tiempo, las comunidades afectadas se sienten cada vez más vulnerables ante la vigilancia federal. Luna reiteró que su enfoque es proteger a todos los residentes, independientemente de su estatus migratorio.

La tensión migratoria aumenta en año electoral clave

Para su departamento, perder la confianza del público implica poner en riesgo la seguridad general.

El caso refleja un choque directo entre políticas estatales de protección y la presión federal por deportaciones.

En medio del debate, la justicia migratoria se convierte en campo de batalla entre derechos, legalidad y control, señaló ‘CBS News‘.