Pagan consecuencias por “ayudar” a indocumentados: Texas demanda a uno de sus condados

Texas demanda apoyo legal

Fondos públicos en disputa

Choque estatal y condados

El gobierno de Texas volvió a escalar su ofensiva legal contra las políticas locales que buscan apoyar a inmigrantes indocumentados.

Esta vez, el blanco es el condado de Bexar, uno de los más grandes y poblados del estado, al que el fiscal general Ken Paxton acusa de usar de forma ilegal dinero público para financiar la defensa legal de personas que enfrentan procesos de deportación.

El caso reabre el choque entre autoridades estatales republicanas y gobiernos locales de mayoría demócrata en torno a la inmigración.

Texas contra condados proinmigrantes

Foto: Shutterstock

Se endurece el pulso legal contra apoyos a inmigrantes

El fiscal general de Texas, el republicano Ken Paxton, presentó este miércoles una demanda contra el condado de Bexar y sus comisionados por supuestamente asignar ilegalmente fondos de los contribuyentes para financiar la defensa legal de inmigrantes que enfrentan la deportación.

En un comunicado oficial, Paxton detalló que en diciembre pasado la Corte de Comisionados del Condado de Bexar aprobó la asignación de 566.181 dólares de fondos públicos para proporcionar servicios legales a inmigrantes indocumentados. Según la demanda, esta decisión violaría la ley estatal vigente.

“Los fondos estatales no pueden financiar servicios de defensa contra la deportación para personas que se encuentran ilegalmente en el país”, advirtió el fiscal en un comunicado, dejando clara la postura del estado frente a este tipo de programas.

La acusación: uso millonario de recursos públicos

Más allá del monto aprobado en diciembre, el fiscal republicano sostiene que el condado habría utilizado hasta un millón de dólares de dinero público para apoyar a inmigrantes indocumentados.

Para la oficina del fiscal general, este gasto representa un uso indebido de recursos de los contribuyentes y un desafío directo a la legislación estatal.

La demanda busca frenar de inmediato cualquier desembolso adicional y sentar un precedente que limite la capacidad de los gobiernos locales para financiar programas de apoyo legal en materia migratoria.

El fondo que detonó la demanda en Bexar

El condado de Bexar creó en 2024 un fondo de Servicios Legales de Inmigración con el objetivo de apoyar a residentes del área que se hayan visto afectados por operativos migratorios.

Este tipo de iniciativas ya se han implementado en otras zonas lideradas por demócratas, como Los Ángeles, donde autoridades locales argumentan que garantizar defensa legal contribuye a la estabilidad de las comunidades.

Sin embargo, para el gobierno estatal, estos fondos cruzan una línea legal al destinar recursos públicos a personas que no tienen estatus migratorio regular.

Paxton pide frenar contratos y recuperar el dinero

En su demanda, Ken Paxton solicitó una orden de restricción temporal para obligar al condado a entregar los fondos ya asignados y para impedir que se celebre o renueve cualquier contrato que financie la defensa contra la deportación o servicios legales relacionados con la inmigración.

La solicitud busca paralizar por completo el programa mientras el caso se resuelve en los tribunales, lo que podría dejar sin representación legal a cientos de inmigrantes en procesos migratorios.

Un condado clave en el mapa de Texas

El condado de Bexar es el cuarto más poblado de Texas, con alrededor de dos millones de habitantes, e incluye a la ciudad de San Antonio. Su peso demográfico y político convierte este caso en un referente para otros gobiernos locales que han impulsado políticas similares.

Un antecedente que complica la estrategia estatal

No es la primera vez que Paxton intenta frenar este tipo de iniciativas. El fiscal ya había tratado de bloquear fondos destinados a ayudar a inmigrantes en el condado de Harris, pero perdió esa batalla legal después de que un juez rechazara el caso.

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Aun así, la nueva demanda sugiere que Texas seguirá presionando judicialmente a los condados que, a su juicio, “ayudan” a indocumentados con recursos públicos.

FUENTE: EFE