Los regidores se opusieron así a una proposición de la que se ha hablado durante meses, pero que se incluyó en el Registro Federal este miércoles, informó la agencia EFE.

La norma busca ampliar el concepto de «carga pública», un término en el que se recogen los requisitos por los que se considera que un inmigrante será un supuesto peso para el Estado y que puede derivar en que el Gobierno desestime una potencial petición para acceder a la residencia permanente o la ciudadanía, apuntó la referida agencia.

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«Las nuevas regulaciones llevan este principio al extremo y, de ser adoptada, castigarían en última instancia a los inmigrantes por acceder a prestaciones que no son en efectivo y que están diseñadas para ayudar a las familias a tener éxito en Estados Unidos», explica la carta enviada al Departamento de Seguridad Nacional, citada por EFE.

Según los alcaldes, «comprometerá la salud, la nutrición y el desarrollo de los niños; impactará en el acceso a la seguridad sanitaria; reducirá las opciones de alojamiento y afectará negativamente a las comunidades locales».

«Forzará a las familias a elegir entre la ayuda que necesitan y la gente a la que ellos aman», aseveran los alcaldes, en referencia a que en muchos casos estos inmigrantes recurren a solicitar la residencia permanente para garantizar que podrán seguir viviendo con sus seres queridos, en algunos casos hijos nacidos en el país.

La propuesta, indicó EFE, amplía el concepto de «carga pública» a las personas que se han beneficiado de servicios pagados por el Estado, que no son ayudas en efectivo, en materia de alimentación o sanidad, entre otros.

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“Carga pública”, según el gobierno de Trump

Hace dos semanas, el gobierno de Trump retomó el impulso a la regla de “carga pública”, que afectaría de manera directa a cientos de miles de inmigrantes al año, en especial a quienes buscan una tarjeta de residencia permanente (green card) o solicitan visas de trabajo.

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La administración de Trump presentó una propuesta migratoria que le daría la libertad de rechazar a los inmigrantes de escasos recursos y/o con un bajo nivel de educación.

Esa norma cambiaría por completo la manera en que el gobierno define a un inmigrante, ya que, si lo considera una “carga pública”, es decir, alguien que podría depender de servicios gubernamentales como Medicaid o ‘Food Stamps’, le negaría la permanencia en el país.

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Un sistema de esa naturaleza afectaría a los solicitantes con menor grado de estudios y bajos recursos, que son la gran mayoría de los inmigrantes que actualmente se encuentran en el país, quienes huyen de sus naciones de origen precisamente por no tener condiciones ni oportunidades para una vida mejor.

La propuesta, conocida como regla de la “carga pública”, se aplicaría por igual a aquellos que buscan venir a Estados Unidos por primera vez y a quienes ya están aquí y desean extender su estadía.

De acuerdo con la regulación, incluso si los inmigrantes decidieran no utilizar los beneficios públicos para los que serían elegibles, el gobierno podría concluir que es probable que lo hagan “en cualquier momento en el futuro” y rechazar sus solicitudes.

Hasta ahora, 90 alcaldes han rechazado este plan de Trump sobre la inmigración legal.

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