La Oficina del Alguacil del condado de Hillsborough (HCSO), en Florida, parece estar incumpliendo un acuerdo con el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) a través de el cual la policía detendría a indocumentados por hasta 48 horas a petición de la agencia, informa WTSP.

La oficina del alguacil expresó preocupación sobre el impacto que la medida pueda representar para el contribuyente, destacando que aún no está muy clara y que varias personas detenidas a solicitud de ICE ya han demandado con éxito a cárceles locales.

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En enero, el alguacil de Hillsborough, Chad Chronister, se sumó a otros 16 sheriffs de Florida en la firma de un acuerdo de cooperación con ICE para detener a inmigrantes sin documentos hasta 48 en cárceles dirigidas por los alguaciles.

Pero todo parece indicar que Chronister nunca llegó a firmarlo, detalla WTSP.

«Me sorprendió muchísimo. Inicialmente no sabía de lo que se trataba», dijo la abogada en inmigración Daniela Carrion.

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Un portavoz de la oficina del alguacil dijo al diario Tampa Bay Times que «es importante para nosotros que la comunidad a la que servimos sepa que pueden llamar para pedir ayuda sin importar su estado migratorio y sin miedo a ser deportados».

Sin opciones, familias inmigrantes esperan asilo a las afueras de garitas

A medida que cae la tarde, las esperanzas de Claudia Vicente se desvanecen. La inmigrante guatemalteca lleva once días esperando en la garita fronteriza de Nogales, Arizona, para poder presentar su petición de asilo.

Esta madre de dos niños, de 6 y 8 años, lleva en una maleta unas pocas pertenencias que refleja la urgencia de su travesía: Dos mudas de ropa, un par de suéteres y unas viejas fotografías de su madre fallecida hace tres años

«No tenemos otra opción, si no salíamos de Guatemala me iban a matar y a mis hijos también», asegura a Efe la inmigrante, de 32 años de edad y, como muchas de las mujeres que llegan hasta la frontera de Estados Unidos, víctima de violencia doméstica. El padre de sus hijos la golpeaba de manera recurrente tras emborracharse.
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La indocumentada forma parte de un grupo de más de 60 familias que se encuentran en la ciudad fronteriza de Nogales, en Sonora (México), con el fin de presentar ante las autoridades estadounidenses una petición formal de asilo, según estimaciones hechas por organizaciones locales a favor de los inmigrantes.

Algunas de esas familias esperan a las afueras del puerto de entrada Deconcini, mientras otras se alojan en albergues para inmigrantes. Vicente y sus hijos pasan el día entregados a juegos de azar o pintando libros que buenos samaritanos les han regalado.

Muy cerca de donde esperan las familias inmigrantes se puede ver el alambre de púas que soldados estadounidenses colocaron esta semana, para tratar de evitar que los indocumentados escalen el muro fronterizo.

«Estamos tratando de seguir las leyes estadounidenses, esperando nuestro turno para poder pedir asilo político», dijo a Efe José Manuel García, un salvadoreño de 28 años que viaja con su esposa y su hija, y lleva siete días esperando en la frontera.

El inmigrante, que afirma no temer la presencia de soldados, es consciente de que la posibilidad de pasar varios días, o incluso semanas, detenidos mientras la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE) inicia el proceso para la solicitud de asilo político.
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«Cualquier cosa es mejor», asegura el salvadoreño, quien dice ser víctima del acoso de las pandillas en su país, al igual que muchos de los integrantes de la caravana que atraviesa territorio mexicano con dirección a la frontera sur de EEUU.

Precisamente a causa de ellos, la semana pasada el presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva que establece que los migrantes que cruzan de forma irregular la frontera no podrán solicitar asilo en el país y solo podrán hacerlo quienes entren por puntos de acceso autorizados.

«Ojalá todos tengan la oportunidad de presentar sus casos», dijo García.

Cerca de él, espera su turno la mexicana Laura Martínez, quien ha viajado con su hija y seis de sus nietos. Proveniente del sur de su país, la familia llegó a la frontera el pasado martes y el poco dinero que traían consigo ya se les acabó.

«Estamos muy agradecidos con el apoyo que organizaciones y la comunidad nos ha dado», dijo Martínez, quien afirma tener pruebas de que su vida corre peligro por culpa del narcotráfico en México.
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A raíz de la orden de Trump, las familias migrantes tendrán que presentarse a las afueras de la garita de entrada, a la vista de estadounidenses y residentes legales que cruzan la garita a diario, al mismo tiempo que las organizaciones locales de apoyo temen que las familias que transitan hasta aquí desconozcan estos cambios.

«(Tememos de que) se confíen de los traficantes de humanos, o de lo que otras personas les cuenten, y sean arrestados cruzando la frontera, lo que podría terminar con cualquier posibilidad para aplicar para asilo político», dijo a Efe Joanna Williams, represente de la Iniciativa Kino para la Frontera.

Indicó que estos cambios incrementarán el número de familias a las afueras de los puertos de entrada, lo que podría generar una nueva crisis humanitaria, especialmente si el Gobierno federal no aumenta los recursos para procesarlos.

Agregó que la mayoría de las familias esperando asilo político provienen de Guatemala, El Salvador y México, aunque la semana pasada llegó una mujer proveniente de la India.

Con información de EFE