Autoridades critican arresto de migrantes en tribunales locales de California

• Autoridades de California condenaron el arresto de al menos tres migrantes en los alrededores del Tribunal Supremo del condado de Sonoma.
• En un comunicado indicaron que las acciones de los agentes de ICE cerca o en los tribunales «niegan el acceso a la justicia».
• Las acciones de ICE se dieron luego de que se conociera que el presidente Trump busca enviar agentes de la Patrulla Fronteriza a las ‘ciudades santuario’.

Autoridades de Sonoma, California, condenaron este miércoles

el arresto de al menos tres migrantes por parte de las autoridades de inmigración en los alrededores del Tribunal Superior de este condado, reseñó la agencia Efe.

La fiscal de distrito de Sonoma, Jill Ravitch, la defensora pública Kathleen Pozzi y el abogado consejero Bruce Goldstein dijeron, en un comunicado publicado en redes sociales, que las acciones de los agentes del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) cerca o en los tribunales «niegan el acceso a la justicia».

At least 3 arrested by ICE agents outside Sonoma County Superior Court https://t.co/UNcBYHTABp pic.twitter.com/On6yei0V3O

— CBS News Bay Area (@KPIXtv) February 19, 2020

«Las acciones de detención de ICE tienen lugar en el edificio de la corte, donde tienen el efecto de ahuyentar a testigos y víctimas, y socavan la capacidad de la Oficina del Fiscal de Distrito de responsabilizar a los culpables y proteger a las víctimas de delitos», dijo Ravitch.

Los arrestos se dieron el martes por la mañana.

Las acciones del ICE en el norte de California se dan días después de que se conociera que el presidente Donald Trump busca enviar agentes de la Patrulla Fronteriza a las ciudades santuario ya que las autoridades locales de estas áreas no cooperan con la detención de indocumentados.

Según información proporcionada por la Oficina del Alguacil de Sonoma, Mark Essick, los despachadores recibieron un informe a las 7:45 de la mañana sobre la presencia de los agentes del ICE en las instalaciones de la División Penal del Tribunal Superior del condado, donde también está la oficina del fiscal de distrito y la oficina del defensor público.

Pozzi señaló a su vez que ambas partes en un juicio están en desventaja cuando un acusado no puede responder a los cargos, e indicó que ello puede derivar en juicios rápidos para los detenidos, lo que puede resultar en la desestimación de los casos penales pendientes.

Por su parte, Goldstein también declaró que «las acciones de ICE son ilegales porque se llevan a cabo sin órdenes judiciales y violan la ley estatal recientemente aprobada que prohíbe los arrestos civiles en un tribunal».

«En lugar de proteger a nuestra comunidad, estos arrestos de inmigración socavan nuestro sistema de justicia», puntualizó.

Trump abre batalla contra autoridades locales por políticas de «santuario»

El Gobierno del presidente Trump demandó el lunes de la semana pasada a California, Nueva Jersey y a una localidad del estado de Washington, en un nuevo capítulo de su pulso con las autoridades locales por medidas que protegen a los migrantes indocumentados, llamadas políticas de «santuario».

El Departamento de Justicia (DOJ, en inglés) demandó al estado de California, su gobernador, Gavin Newson, y su fiscal general Xavier Becerra por una ley que busca eliminar gradualmente el uso de cárceles privadas con fines de lucro, entre ellas centros de detención de migrantes.

Según un comunicado del DOJ, debido a esa legislación los prisioneros que permanecen en centros privados en California tendrán que ser trasladados «a un gran costo», lo que podría aislarlos de sus familias y causar hacinamiento en los estados vecinos.

Para la Administración Trump, esa ley -que Newson suscribió en octubre pasado- es «ilegal».

La normativa, conocida como AB 32, impide que el Departamento de Correcciones y Rehabilitación de California (CDCR) celebre o renueve un contrato con una compañía penitenciaria privada después del 1 de enero de 2020 y evita que el estado mantenga a los reclusos en centros penitenciarios con fines de lucro a partir de 2028.

La ley también prohíbe al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés) contratar, modificar o extender un contrato actual con una prisión privada.

La Administración de Trump también demandó al estado de Nueva Jersey, su gobernador, Philip Murphy, y su fiscal general, Gurbir Grewal, en busca de bloquear una norma que prohíbe a los funcionarios estatales compartir con el ICE información relacionada con el estatus migratorio y las fechas de liberación de personas bajo su custodia.

La mencionada legislación prevé igualmente que se notifique «prontamente a una persona detenida, por escrito y en un idioma que pueda entender», si el ICE ha solicitado su detención.

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Según la queja presentada el 11 de febrero, en múltiples ocasiones los funcionarios de Nueva Jersey no proporcionaron durante el año pasado información sobre la fecha de liberación de extranjeros que habían sido acusados o detenidos por crímenes, explicó en la nota el DOJ, que califica igualmente de «ilegal» esa normativa de Nueva Jersey.

El Gobierno inició de igual forma una demanda contra el condado de King, en el estado de Washington, y el jefe del Ejecutivo local, Dow Constantine, por una orden que ha prohibido que contratistas del ICE usen el aeropuerto de esa población como terminal de salida de los vuelos con deportados o para transportar migrantes detenidos dentro del país.

La decisión, que no incluye los aviones del Gobierno federal, «ha creado dificultades operativas y costes adicionales para el ICE», argumentó el Departamento de Justicia.

Asimismo, se conocieron versiones de prensa según las cuales un juez federal del estado de Maryland prohibió que los migrantes indocumentados de esa zona casados con ciudadanos estadounidense sean arrestados o deportados mientras tramitan su estatus legal en virtud de esa unión.

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