Los arrestos de inmigrantes sospechosos de vivir en Estados Unidos sin autorización han aumentado 24 por ciento en una región de cuatro estados desde que el presidente Donald Trump asumió el puesto, reflejando una tendencia nacional.

Las cifras publicadas la semana pasada por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) muestran un aumento en los arrestos y las deportaciones efectuados por la oficina de la agencia en Salt Lake City, que cubre los estados de Idaho, Montana, Nevada y Utah, reportó el periódico Salt Lake Tribune.

La oficina de Operaciones de Aplicación de la Ley y Deportaciones arrestó a 5,754 personas durante el año fiscal 2018, un incremento de las 4,638 detenciones en 2016. Deportó a 3,408 personas, casi el doble de las 1,731 registradas en 2016 antes de que Trump asumiera el puesto.

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El ICE arrestó a 158,851 personas en todo el país este año, un incremento de 44 por ciento en comparación con las 110,104 detenciones en 2016. La agencia deportó a 256,085 migrantes, un incremento de 6.5 por ciento con respecto a 2016.

Critican arrestos de inmigrantes

Organizaciones de defensa de los inmigrantes criticaron el aumento de detenciones con fines de deportación, de acuerdo a las nuevas cifras dadas a conocer por el Gobierno, un incremento que constituye un «daño irreparable».

«No es una marca de orgullo para ninguna Administración el alto número de detenciones y deportaciones de personas cuyas contribuciones en Estados Unidos son irrefutables», dijo a Efe Jorge Mario Cabrera, vocero de la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes (CHIRLA, en inglés).

Juanita Molina, directora de Border Action Network, organización con sede en Tucson (Arizona), manifestó que la política de deportación de la Administración del presidente Donald Trump «está invadiendo a las comunidades y causándoles daños que pueden ser irreparables».

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La activista advirtió que entre los detenidos y deportados hay padres y madres que han sido separados de sus familias, y por ello hay niños estadounidenses que están sufriendo las consecuencias.

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ICE explicó que el 90 por ciento de los detenidos habían sido condenados por un crimen o enfrentaban acusaciones cuando fueron detenidos, sin embargo, Pablo Alvarado, director de la Red Nacional de Jornaleros (NDLON), mostró su desconfianza sobre esos datos.

«Estas cifras de criminalización no son creíbles. Conociendo como esta Administración miente y acomoda las cosas a su beneficio no hay razón para que esto sea cierto», dijo a Efe.

Alvarado acusa al Gobierno de colocar a personas culpables de una infracción de tráfico en la misma categoría que un criminal convicto.

«La única forma de poder hacer una clasificación es que los activistas tengamos acceso a los datos de los arrestados, a cómo se llevo a cabo la detención, entre otros, y analicemos», aseveró.

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Molina concuerda con Alvarado y añade que la Administración Trump tiene muy pocas herramientas para analizar las cifras y clasificar a los inmigrantes. «Es más fácil decirle criminales a todos», señaló.

Alvarado puso de relieve la diferencia del número de arrestos en las áreas con más presencia de inmigrantes. Así, mientras Dallas registró 17,644 detenciones, en Houston fueron 14,333 y en Los Ángeles «solo» 7,854.

«Lo que Trump no dice es el número de arrestos y deportaciones que hemos evitado, el movimiento ha logrado salvar a miles de ser arrestados y deportados», resaltó el activista.

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La aprobación de medidas como la Ley SB 54, conocida como el «Acta de Valores» y que restringe la cooperación de las autoridades locales con los agentes de ICE, han ayudado a que los números no se incrementaran más, señaló Alvarado.

En 2017, ya bajo el Gobierno de Trump, el ICE hizo 143,470 detenciones, lo que supuso una subida del 30 por ciento con respecto a los 110,104 arrestos del año fiscal anterior.

Con información de AP y EFE.

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