Nueva definición de “carga pública” del gobierno de Trump afectará a inmigrantes

El gobierno de Donald Trump retomó el impulso a la regla de “carga pública”, la cual afectaría de manera directa a cientos de miles de inmigrantes al año, en particular a los que buscan una tarjeta de residencia permanente (green card) o los que solicitan visas de trabajo.

Durante el pasado fin de semana, la administración Trump dio a conocer una propuesta migratoria que le daría la libertad de rechazar a los inmigrantes de escasos recursos y/o con un bajo nivel de educación, reportó CNN.

La norma cambiaría por completo la manera en que el gobierno define a un inmigrante, ya que si lo considera una “carga pública”, es decir, alguien que podría depender de servicios gubernamentales como Medicaid o ‘Food Stamps’, le negaría la permanencia en el país.

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La regla propuesta está en sintonía con el discurso del presidente Trump, quien ha promocionado lo que llama un sistema de inmigración basado en el mérito, el cual exigiría que los inmigrantes dominen el idioma inglés, tengan un alto nivel educativo y cuenten con fuertes ingresos.

Pronunciamiento de Alianza Américas sobre la política “Carga pública” de Trump: se debe trabajar en reducir la desigualdad, no en atacar a las familias. #PublicCharge #ProtectFamilies ➡️ https://t.co/k4p5quevfE pic.twitter.com/nweSy2xVt5

— ALIANZA AMERICAS (@ALIANZAAMERICAS) September 24, 2018

Un sistema de esa naturaleza afectaría a los solicitantes con menor grado de estudios y bajos recursos, que son la gran mayoría de los inmigrantes que actualmente se encuentran en el país, quienes huyen de sus naciones de origen precisamente por no tener condiciones ni oportunidades para una vida mejor.

La propuesta, conocida como regla de la “carga pública”, se aplicaría por igual aquellos que buscan venir a Estados Unidos por primera vez y a quienes ya están aquí y desean extender su estadía.

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De acuerdo con la regulación, incluso si los inmigrantes decidieran no utilizar los beneficios públicos para los que serían elegibles, el gobierno podría concluir que es probable que lo hagan “en cualquier momento en el futuro” y rechazar sus solicitudes.

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“Esta regla propuesta implementará una ley aprobada por el Congreso con la intención de promover la autosuficiencia de los inmigrantes y proteger los recursos limitados, al garantizar que no sean una carga para los contribuyentes estadounidenses”, dijo la secretaria del Departamento de Seguridad Nacional (DHS , por sus siglas en inglés), Kirstjen Nielsen.

Por el contrario, grupos defensores de los derechos de los inmigrantes aseguran que la norma discriminará a quienes vienen de los países más pobres, mantendrá separadas a las familias e impulsará a los residentes legales a renunciar a la ayuda pública necesaria, lo que también podría afectar a sus hijos, aun cuando ya sean ciudadanos estadounidenses.

The #Delancey14 have been released! We will continue to fight for our families! When our communities are under attack, we must stand up and FIGHT BACK! #ProtectFamilies #PublicCharge pic.twitter.com/KuxAFKIUSb

— New York Immigration Coalition (NYIC) (@thenyic) September 25, 2018

“(La regla) reformaría radicalmente nuestro sistema legal de inmigración, colocando a los ricos al frente de la fila, por delante de las familias trabajadoras que han esperado años para reunirse”, escribió una coalición de más de 1,100 grupos de defensa de la comunidad en un comunicado.

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“Estados Unidos ya no sería más un faro para los soñadores y luchadores del mundo. En su lugar, las puertas de Estados Unidos estarían abiertas solo para el mejor postor”, acusaron.

Si bien el concepto de “carga pública” data al menos de la Ley de Inmigración de 1882, las regulaciones vigentes, establecidas en 1996, la aplican para alguien que es “principalmente dependiente” de la asistencia del gobierno, es decir, que recibe más de la mitad de sus ingresos a través de programas gubernamentales y sólo con beneficios en efectivo.

https://twitter.com/inclusionist/status/1044589240275922944

El gobierno de Trump, sin embargo, incluiría beneficios como Medicaid, cupones de comida, asistencia de vivienda y el subsidio de medicamentos de Medicare para personas mayores de bajos ingresos al concepto de “carga pública”.

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También etiquetaría como “carga pública” a cualquiera que acepte el equivalente a por lo menos 15 por ciento de las pautas federales de pobreza. Según los niveles actuales, eso equivaldría aproximadamente a 1,800 dólares anuales o 150 al mes en asistencia.

El DHS estipula que cualquiera que reciba tanta ayuda “no es autosuficiente ni está en camino de alcanzar la autosuficiencia”.

Además, los agentes de inmigración podrían determinar a su propio juicio si las personas que están enfermas podrían requerir del Medicaid en el futuro o si las familias grandes podrían recurrir al Programa de Asistencia de Nutrición Suplementaria (SNAP, por sus siglas en inglés).

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Estimaciones apuntan que la nueva regla afectaría a cerca de 400,000 inmigrantes que ya viven en Estados Unidos por año.

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“Si bien los inmigrantes usan los beneficios a tasas más bajas que los estadounidenses en general, esta regla penalizaría a los inmigrantes trabajadores que utilizan solo unos pocos dólares en beneficios durante un periodo relativamente corto para cubrir una necesidad única”, opinó Theresa Cardinal Brown, directora de inmigración y política transfronteriza en el Centro de Políticas Bipartidistas.

[BREAKING] CIPC released the following statement denouncing the Trump administration's vindictive proposal to change #publiccharge, which seeks to punish immigrants for feeding their children, going to the doctor. #resist #protectfamilies pic.twitter.com/XGtutFqUb9

— California Immigrant Policy Center (@CALimmigrant) September 23, 2018

Una vez que la nueva regulación se publique en el Registro Federal, habrá 60 días para que el público presente comentarios. Por ley, el DHS debe revisar esos comentarios y abordar los más importantes antes de proponer la norma final.

Incluso entonces, es probable que la regla de la “carga pública” enfrente desafíos legales. El fiscal general de California, Xavier Becerra, ya advirtió que tratará de impugnarla.

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