Una corte de apelaciones en Texas mantuvo el miércoles la condena por fraude electoral en contra de Rosa María Ortega, una titular de la tarjeta de residencia permanente. La decisión del tribunal conlleva ocho años de cárcel y una posible deportación, informa NBC News.

Ortega, una madre de cuatro hijos, habría pensado que era legal votar como residente permanente y lo habría hecho en al menos cinco ocasiones entre 2004 y 2014 – una de estas por el fiscal general Ken Paxton, quien posteriormente presentó cargos en su contra, según el abogado de Ortega. La mujer habría además participado como trabajadora electoral.

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«No se daba cuenta que la tarjeta dice ‘residente’ y por eso nunca especificó que no era ciudadana estadounidense», explicó su abogado a The Washington Post.

«Nunca hubo motivo ulterior. Ella creía realmente que el voto era su deber cívico», agregó.

La fiscalía indicó que Ortega dijo correctamente a las autoridades que había indicado que era residente permanente en el formulario para solicitar la licencia de conducir, pero que indicó por error que era ciudadana a la pregunta sobre su elegibilidad para votar.

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Algunos republicanos han denunciado numeroso casos de supuesto fraude electoral en el país, aunque las pruebas no han sido fácil de encontrar. Pero cosas como el de Ortega han impulsado el uso de sanciones más severas en años recientes.

Abogados estadounidenses creen que migrantes tienen motivos para lograr asilo

Abogados estadounidenses que ayudan a los centroamericanos de la caravana de migrantes llegados a Tijuana (México) en su intento de lograr el asilo en Estados Unidos creen que tienen motivos para ganar sus casos, aunque advierten de que con el Gobierno del presidente Donald Trump no será fácil.

Gilbert Saucedo, copresidente de la sección de Los Ángeles del Gremio Nacional de Abogados (NLG-LA), explicó a Efe que la gran mayoría de las personas con las que habló en un recorrido que hizo por uno de los albergues instalados en Tijuana cuenta con un caso creíble para recibir asilo.
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«De la gente con la que hablé pareciera que un 70 % de ellos tendría una solicitud legítima, pero lo triste es que quizá eso no se vea traducido en obtener asilo, primordialmente por el sentimiento antiinmigrante dentro de la Administración del presidente Trump», señaló.

«Mi impresión es que están buscando razones para descalificarlos en lugar de aprobar sus solicitudes de forma objetiva», lamentó sobre una situación que calificó de «crisis humanitaria».

En el año fiscal 2017, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) recibió 78.564 solicitudes de asilo, de las cuales, se determinó que 60.566 individuos tenían un «miedo creíble» de regresar a sus países de origen, lo que los hace elegibles para asilo político.
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Pero las opciones de éxito se redujeron notablemente después de que el Departamento de Justicia de EE.UU. informase en junio pasado de que «en general» ya no son elegibles para el asilo las víctimas de violencia doméstica o de pandillas y abuso sexual, principales argumentos esgrimidos por los migrantes centroamericanos.

De esta forma, quieren acabar con el que Saucedo calificó de «abuso» al que se veía sometido el sistema de asilo, al que, bajo la actual legislación, pueden acogerse aquellos que prueban que son perseguidos en sus países por raza, religión, nacionalidad, preferencia política o pertenecer a un particular grupo social.
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El año fiscal 2018, que concluyó el 30 de septiembre pasado, batió récords en el número de decisiones de los jueces de inmigración sobre asilo, según datos que la Universidad de Syracuse, en Nueva York, publicó hoy.

En el 65 % de estas decisiones se denegó el asilo, por lo que se sigue una tendencia por la cual las tasas de rechazo han aumentado por sexto año consecutivo.

Las tasas de negación de asilo aumentaron durante los primeros meses de la Administración Trump en 2017 y luego se estabilizaron, pero volvieron a crecer después de que el Gobierno restringiera en junio pasado los motivos por los cuales los jueces de inmigración podían otorgar asilo.