Corte Suprema evaluará el polémico censo rechazado por los hispanos
Publicado el 22/04/2019 a las 12:31
Los nueve magistrados del máximo tribunal (cinco conservadores y cuatro progresistas) estudiarán esta cuestión durante una audiencia de 80 minutos, aunque no se espera un fallo hasta junio de este año.
El censo, que se renueva cada diez años, es una herramienta clave a la hora de determinar el reparto de fondos federales, de asignar escaños a la Cámara de Representantes y a las cámaras estatales, así como fijar la representación del Colegio Electoral, el cuerpo de compromisarios encargado de elegir al presidente.
La elaboración del censo en el país, donde se calcula que viven en torno a 11 millones de inmigrantes indocumentados, actualmente se realiza sin preguntar sobre el estado legal de los encuestados ni si son ciudadanos o residentes.
Desde 1950, el censo no ha incluido ninguna cuestión sobre ciudadanía; pero el año pasado el Gobierno de Trump anunció su decisión de preguntar sobre ello para poder implementar mejor la Ley de Derecho al Voto de 1965, que prohíbe la discriminación por idioma o color de piel.
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De esa forma, el Ejecutivo de Trump argumenta que la pregunta sobre ciudadanía garantizará una «justa» participación electoral y asegura que su decisión es de carácter técnico y no político, puesto que responde a una solicitud del Departamento de Justicia, encargado de implementar la Ley del Derecho al Voto.
Frente a ello, 18 estados, 15 ciudades y varias ONG consideran que, en realidad, el objetivo del mandatario es invisibilizar a la comunidad latina porque, al incluir esa pregunta, muchos hispanos -ciudadanos o no- evitarán responder para no exponerse o exponer a sus seres queridos.
De hecho, la inclusión de la pregunta ha desatado miedo en las comunidades donde viven personas indocumentadas porque muchos temen que la información sobre su estatus migratorio pueda ser enviada a las autoridades y acaben siendo deportados a sus países de origen.
De acuerdo a estimaciones de la propia Oficina del Censo, unos 6,5 millones de personas podrían negarse a rellenar los cuestionarios, una cifra mayor a los habitantes de Tennessee.
La consecuencia de esa baja participación será menos recursos para las comunidades latinas y una menor influencia política en el Congreso para aquellos estados con una gran población de indocumentados, aseveran los demandantes, entre los que se incluye el estado de Nueva York.
La Unión para las Libertades Civiles en América (ACLU), uno de los grupos que ha demandado a Trump, teme que una baja participación de los hispanos desvíe el poder político de las zonas urbanas, donde vive la mayor parte de los inmigrantes indocumentados, a las áreas rurales.
De esa forma, los demócratas temen que la inclusión de la pregunta sobre ciudadanía reduzca su poder político al menguar también el peso de las minorías y las poblaciones urbanas, que suelen votar por ellos.
El caso que estudiará el Supremo proviene de Nueva York, donde en enero el magistrado Jesse M. Furman bloqueó el plan del censo elaborado por el secretario de Comercio, Wilbur Ross, de cuya oficina depende este proceso.
Entonces, Furman consideró que las justificaciones del Gobierno sobre la necesidad de garantizar una mejor participación electoral eran un «pretexto» e insinuó que, en realidad, la decisión de Trump puede tener un carácter político y no técnico, como ha argumentado hasta ahora.
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De hecho, unos documentos divulgados en enero revelaron que Ross comenzó a tener conversaciones sobre el tema con Steve Bannon, asesor de Trump entre enero y agosto de 2017 e ideólogo de algunas de sus políticas más duras en inmigración, alineadas con la extrema derecha.
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El caso ha generado gran revuelo y se espera que grupos defensores de los inmigrantes y de los derechos civiles, como ACLU, se manifiesten este martes ante la sede del Supremo.
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