Corte clasifica como «inmigrantes ilegales» a beneficiarios de DACA

Una corte de apelaciones emitió este miércoles una opinión que valida la decisión de varias universidades de Georgia, las cuales no acepten como alumnos admitidos a los inmigrante beneficiados con la Acción Diferida (DACA).

La corte alega que el programa federal DACA no otorga «presencia legal» a sus beneficiarios en la forma en que se define a través de leyes federales y, por lo tanto, las autoridades educativas estatales tienen potestad de implementar la política de admisión que consideren.

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«Después de considerar el alegato judicial cuidadosamente y con el beneficio del argumento oral, confirmamos la decisión de la Corte de Distrito», indicó en un escrito la Corte de Apelaciones del Undécimo Circuito.

La opinión de esta corte se da tras la demanda interpuesta en 2016 a nombre de tres estudiantes inmigrantes, residentes en Georgia, a los que se les negó acceso a las universidades públicas con cupo restringido debido a su estatus legal.

Como demandados figuraban, a título personal y oficial, los presidentes de las universidades de Georgia State University, Georgia College, Augusta University, University of Georgia y Georgia Institute of Technology.

La Junta de Regentes de Georgia, entidad que regula a las universidades públicas del estado, aprobó en 2011 una normativa que niega a los estudiantes indocumentados el acceso a las universidades estatales con cupo limitado.

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El escrito se hace público el mismo día en que la bancada demócrata en el Congreso garantizó la creación de un proyecto de ley para que los amparados por el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA), el Estatus de Protección Temporal (TPS) y el de Partida Forzada Diferida (DED) accedan a la ciudadanía del país.

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«Tenemos el compromiso del liderazgo demócrata de que aprobaremos una ley que proteja a los titulares de DACA, TPS y DED. (…) Es crucial que aprobemos este tipo de legislación para que puedan llamar a nuestra nación su hogar», dijo el presidente del Caucus Hispano del Congreso, Joaquín Castro, en una rueda de prensa en el Capitolio.

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Un año después de cumplirse el plazo que el presidente Donald Trump dio al Congreso para hallar una salida para los cerca de 700.000 jóvenes inmigrantes amparados por la Acción Diferida, activistas y beneficiados presionan para recuperar la visibilidad y lograr una legalización definitiva.

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“No tenemos un futuro. Desde hace un año estamos en una total incertidumbre y necesitamos que el Congreso actúe ya”, dice a Efe Leezia Dhalla, soñadora y activista de la organización FWD.us.

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