Corte Suprema examinará plan de Trump sobre excluir a indocumentados del censo
Publicado el 16/10/2020 a las 17:32
- La Corte Suprema decidirá si Trump puede excluir a indocumentados del censo, cuyos datos se usan para asignar escaños en la Cámara de Representantes
- La medida de Trump ha sido bloqueada por una corte menor y los jueces de la Corte Suprema no están obligados a considerar la causa
- Cuando declaró que dicha política era ilegal, un panel de tres jueces federales dijo que nunca en la historia de Estados Unidos han sido excluidos los inmigrantes
Corte Suprema revisará censo. La Corte Suprema de
Estados Unidos dijo el viernes que decidirá si el presidente Donald Trump puede excluir a las personas que viven ilegalmente en el país del conteo del censo que es usado para asignar escaños en la Cámara de Representantes.
La medida de Trump había sido bloqueada por una corte menor, y los jueces del tribunal supremo no estaban obligados a considerar la causa. En su orden del viernes indicaron que decidirán el asunto a inicios de enero, cuando Trump debe reportar ante el Congreso los resultados del censo, que se realiza cada 10 años.
Cuando declaró que dicha política era ilegal, un panel de tres jueces federales dijo que nunca en la historia de Estados Unidos han sido excluidos los inmigrantes del conteo de población que determina cómo son divididos entre los estados los escaños en la cámara baja y, por extensión, los votos del Colegio Electoral.
La nominada por Trump a la Corte Suprema, Amy Coney Barrett, pudiera participar en el caso si, como es muy probable, es confirmada para entonces.
El Supremo de EE.UU. autoriza finalizar el censo de 2020 antes de tiempo
El Tribunal Supremo de Estados Unidos aceptó este martes la demanda del Gobierno de Donald Trump para poner fin de inmediato al censo de 2020, un conteo que se hace cada 10 años y que se ha visto afectado por la pandemia de COVID-19.
El censo estaba previsto que terminase ya este 31 de octubre, pero otra fecha en litigio era la de entrega de sus resultados a la Casa Blanca, que con la decisión del Supremo queda para el 31 de diciembre en lugar del 30 de abril de 2021.
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Con este calendario será el Gobierno de Trump -aunque no gane las elecciones del 3 de noviembre- quien envíe al Congreso esos resultados, que sirven para diseñar en función de la población el mapa electoral de la Cámara de representantes y la distribución de miles de millones de dólares en recursos federales.
El Gobierno de Trump ha anunciado su intención de dejar fuera de esos totales a los inmigrantes irregulares.
El Tribunal Supremo no publicó este martes un fallo justificando los motivos de su decisión, pero la magistrada progresista Sonia Sotomayor sí hizo pública su opinión en contra.
«Los daños causados por apresurar el conteo del censo de este año son irreparables», dijo la magistrada, quien advirtió además de que tendrán un «impacto duradero durante al menos los próximos 10 años».
Quienes se oponían a la finalización del censo argumentaron que hacerlo resultará en un infrarregistro de las comunidades migrantes, minorías o pobres, excluyéndolos así de futura financiación y representación en el Congreso.
La Oficina del Censo anunció este martes que ya ha contado a los residentes en 99,9 % de las viviendas en Estados Unidos, por lo que el trabajo está prácticamente completo.
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El censo se realiza cada 10 años por mandato constitucional y el propósito de contar a todas las personas presentes en el país es la asignación de representación de los estados en el Congreso y el Colegio Electoral, y de miles de millones de dólares para programas de infraestructura, hospitales, escuelas y asistencia social.
En todos los censos realizados desde 1790 se han tomado en cuenta todas las personas presentes en el país, fuera cual fuese su situación migratoria.
En 2019, sin embargo, Trump intentó que el cuestionario del censo incluyera una pregunta acerca de la ciudadanía de los residentes en el país, en otra batalla que concluyó con una decisión del Supremo desfavorable para el presidente.
Legisladores hispanos califican de «escandaloso» el fin anticipado del Censo
El Caucus Hispano en el Congreso calificó hoy de «escandalosa» la decisión del Tribunal Supremo de Justicia que avaló la decisión del presidente Donald Trump de dar por terminado el censo de población ordenado por la Constitución.
La decisión «permite que el gobierno de Trump corrompa el Censo de 2020 con un empadronamiento incompleto y desacertado que infligirá un daño duradero al pueblo estadounidense y que perjudica desproporcionadamente a los latinos y las comunidades inmigrantes», señaló el presidente del Caucus, el representante Joaquín Castro, demócrata de Texas.
En un comunicado de prensa, la Oficina del Censo dijo este martes que el conteo terminará el viernes a las 6 am ET. El sitio web de respuesta automática y las respuestas telefónicas se cerrarán, las respuestas en papel deben tener matasellos antes del 15 de octubre y los censistas finalizarán los seguimientos al cierre de operaciones el jueves.
El Censo se realiza, por mandato constitucional, cada diez años y sobre sus resultados se distribuyen la representación política de los Estados en el Congreso y en el Colegio Electoral, y miles de millones de dólares en fondos federales para programas de vivienda, educación, salud e infraestructura.
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«La Constitución requiere que el gobierno cuente a cada persona en el país, independientemente de dónde viven o cuál sea su estatus de inmigración, y sin embargo tan sólo la jueza (Sonia) Sotomayor dio una opinión disidente» en el fallo del Supremo, indicó Castro.
Sotomayor argumentó que «los daños causados por el apresuramiento en el empadronamiento del censo de este año son irreparables. La población sufrirá el impacto por al menos los próximos diez años».
El censo debió completar la primera etapa de recepción de respuestas a sus cuestionarios, por vía postal, telefónica o internet, en julio, y la segunda con el envío de miles de funcionarios a censar los hogares que no habían enviado sus respuestas, en agosto.
Debido a la pandemia de COVID-19 la Oficina del Censo extendió los plazos y debía completar la tarea el 31 de octubre, pero el Gobierno de Trump ordenó que se diera por concluida la recolección de datos, pero su decisión fue objeto de una demanda judicial que acabó este martes con la decisión de la Corte Suprema.
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