El Servicio de Inmigración y Ciudadanía de Estados Unidos (USCIS, por sus siglas en inglés) dice tener la autoridad para limitar, según su criterio, el tiempo de vigencia de las visas de trabajo H-1B, informa Forbes.

De acuerdo con la revista, varios empleadores ya se han quejado tras recibir por correo aprobaciones de visas que vencen en uno o 12 días, o, que incluso expiran antes de haberlas recibido.

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El caos que esto ha generado entre muchos empleadores ha llevado a algunos a preguntarse si la agencia realmente tiene la autoridad para decidir por cuánto tiempo los titulares de la visa H-1B pueden trabajar legalmente en el país – una situación que podría resolverse con los resultados de una demanda que ahora enfrenta el USCIS.

Críticos de la práctica aseguran que las políticas actuales de la agencia arrojan resultados absurdos, como es el caso de los empleadores que reciben peticiones que ya han vencido al tiempo que las reciben por correo, detalla la revista.

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Un caso específico que cita la demanda, por ejemplo, es la aprobación y envío por correo de aprobaciones para visas H-1B el 29 de agosto de 2018, pero cuyo periodo de vigencia duraba del 15 de junio de 2018 al 10 de agosto del mismo año, lo que significa que la visa expiró tres semanas antes de haber sido enviada por correo al empleador.

Asimismo, algunas compañías han experimentado dificultados en el manejo de sus operaciones cotidianas. «Estas empresas caen en un ciclo de solicitar ampliaciones de tiempo y deben solventar todos los gastos que el proceso implica. Los empleadores deben además repetir el proceso con frecuencia ya que los documentos vencen en pocas semanas o meses», explicó a Forbes Jonathan Wasden, el abogado que entabló la demanda.

«El USCIS se está adjudicando la autoridad para decidir al azar el tiempo de vigencia de las visas, lo que supone un serio problema para negocios que no saben si van a tener a sus trabajados disponibles por un periodo de tiempo razonable», agregó.

Más noticias de inmigración

La semana pasada un juez federal firmó un acuerdo preliminar bajo el cual el Gobierno de Donald Trump está obligado a reconsiderar cientos de peticiones de asilo de familias que fueron separadas en la frontera, mayormente bajo su política de «cero tolerancia».

El juez Dana Sabraw, quien preside el litigio en una corte de San Diego (California), calificó de «excelente» el acuerdo alcanzado por abogados del gobierno y de las familias afectadas en tres demandas colectivas.

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«Pareciera que estamos muy cerca de terminar con esto», señaló el magistrado sobre el caso, que obligó al gobierno a reunificar a más de 2.000 niños inmigrantes que fueron separados de sus padres en la frontera con México.

El acuerdo, aún pendiente de una audiencia final en noviembre, establece que se deberá dar otra oportunidad tanto a padres como menores para que sus peticiones de asilo u otras protecciones contra la deportación sean evaluadas.

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Los padres con una orden de deportación, bajo libertad condicional o recluidos, tendrán una nueva entrevista ante el Servicio de Inmigración y Ciudadanía (USCIS) para determinar si existe «miedo creíble» de persecución.

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Los niños que ya fueron reunificados con sus padres en detención, la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE) deberá utilizar su discreción para cancelar cualquier orden de presentación o detener cualquier proceso migratorio para que la solicitud de asilo de la familia sea reconsiderada.

De acuerdo con el último informe federal, se ha reunificado a 2.296 de los 2.654 niños que fueron separados de sus padres en la frontera.

Del grupo restante, 136 menores continúan bajo cuidado de la Oficina de Reubicación de Refugiados (ORR), 96 de ellos, de padres que ya han sido deportados del país.

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Otros 219 niños no serán elegibles para reunificación, ya sea porque los propios padres renunciaron a dicho derecho o en otros casos se detectaron antecedentes criminales por lo que el gobierno considera que se pone en riesgo al menor.

Lee Gelernt, abogado de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), organismo que interpuso una de las tres demandas, precisó que del grupo de padres que fue deportado, aún no han podido localizar a diez de ellos.

A través de este artículo, MundoHispánico no ofrece asesoría legal. Es imprescindible que cada persona consulte su caso con un abogado de inmigración donde reside, ya que las leyes o procedimientos pueden variar en cada estado.

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