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EE.UU deporta a 17 presuntos pandilleros y refuerza alianza con Bukele contra el crimen

EE.UU deporta a 17 presuntos criminales de TdA y MS-13 a El Salvador y refuerza cooperación en seguridad con Bukele.
2025-03-31T15:30:10+00:00
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Foto: AP
  • EE.UU. deporta supuestos criminales.
  • Ley bloqueada tras apelaciones.
  • Bukele y Trump cooperan.

El Gobierno de EE.UU. anunció este lunes que ha deportado a El Salvador a otras 17 personas a las que acusa de pertenecer a las bandas criminales Tren de Aragua (TdA) y MS-13, acción similar a la ejecutada el 15 de marzo cuando expulsó de manera sumaria a más de 200 venezolanos a los que envió al país centroamericano.

La decisión, anunciada en un comunicado por el secretario de Estado, Marco Rubio, puede suponer un desafío para la orden dictada por un juez federal que bloquea la aplicación de la ley de Enemigos Extranjeros, la cual permite deportar a extranjeros sin vista previa y que el Gobierno de Donald Trump ha invocado argumentando que TdA está invadiendo territorio estadounidense.

“Anoche, en una exitosa operación antiterrorista con nuestros aliados en El Salvador, el ejército de Estados Unidos transfirió a un grupo de 17 criminales violentos de las organizaciones Tren de Aragua y MS-13, incluyendo asesinos y violadores”, afirma el comunicado rubricado por Rubio, que no aporta más detalles sobre el operativo o las identidades de los deportados.

“Una vez más, expresamos nuestra gratitud al presidente Bukele y al gobierno de El Salvador por su inigualable colaboración para garantizar la seguridad de nuestros países contra el crimen transnacional y el terrorismo”, concluye el texto.

Trump desafía a jueces y pide a EE.UU. aplicar ley de 1798 para deportaciones

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Foto: DHS

Trump ha asegurado que la banda transnacional de origen venezolano TdA, a la que acusa de haberse infiltrado en el Gobierno de Nicolás Maduro, está invadiendo el país, una afirmación que los expertos consideran errónea.

Con ese argumento, invocó el 15 de marzo la ley de Enemigos Extranjeros, norma de 1798 no usada desde la Segunda Guerra Mundial que permite expulsar a extranjeros sin una vista judicial previa.

Pese a la orden judicial federal emitida ese mismo día contra dicha ley, tres aviones fletados por el Gobierno estadounidense despegaron de Texas y entregaron a más de 200 venezolanos —a los que las autoridades acusan de ser miembros de TdA— a las autoridades salvadoreñas, que los encarcelaron en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot).

El viernes, después de que un tribunal de apelaciones mantuviera el bloqueo a la ley, la Administración Trump pidió al Supremo que le permita deportar ciudadanos venezolanos de manera sumaria, subrayando el pulso que mantiene con jueces que han bloqueado varias de sus iniciativas y a los que pide destituir, poniendo en duda la separación de poderes en EE.UU.

La secretaria de Seguridad Nacional de EE.UU., Kristi Noem, se reunió este miércoles con el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, para fortalecer la cooperación bilateral en materia de seguridad y migración.

Durante el encuentro en Casa Presidencial, Noem agradeció a Bukele el apoyo en la lucha contra la migración indocumentada.

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Noem se reunió con el presidente de El Salvador después de recorrer el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), donde la administración Trump ha enviado a decenas de migrantes presuntamente miembros de la organización criminal Tren de Aragua.

En El Salvador, primera de las tres paradas que Noem tiene previsto hacer en América Latina esta semana, también firmó un acuerdo de cooperación para que ambos países compartan los antecedentes penales de los fugitivos y así evitar que personas que han cometido delitos sean liberadas.

Tras su arribo al país centroamericano, Noem se trasladó junto a Gustavo Villatoro, ministro de Justicia y Seguridad de El Salvador, al Cecot —la megaprisión construida por Bukele con capacidad para 40.000 reos— para “ver de primera mano el centro de detención donde se alojan los peores criminales”.

La alta funcionaria estadounidense publicó en su cuenta de X un video en el que se la ve en el interior del Cecot —con reos tatuados del cuerpo y rostros de fondo— en el que dice a los inmigrantes que han cometido delitos “váyanse ahora”.

“(De lo contrario) te cazaremos, te arrestaremos y podrías terminar en esta prisión salvadoreña”, advirtió Noem.

En esa prisión, a unos 70 kilómetros de San Salvador, el Gobierno de Bukele dice que mantiene a miembros de pandillas como la Mara Salvatrucha MS13 y del Barrio 18, condenados por cometer delitos graves.

Allí también están recluidos los 238 venezolanos deportados por Estados Unidos el 15 de marzo, en un traslado sin precedentes que ha sido criticado por parte del gobierno de Venezuela y organizaciones que defienden los derechos humanos a nivel internacional.

Las autoridades salvadoreñas, que recibirían US$ 6 millones en el acuerdo con EE.UU., han dicho que los sudamericanos permanecerán en el Cecot por un año –prorrogable–, aunque un equipo de abogados contratados por el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, pidió el lunes a la Corte Suprema de Justicia de El Salvador, afín a Bukele, que evalúe la legalidad de la detención y ordene su liberación.

Hasta ahora los magistrados de la Sala de lo Constitucional no se han pronunciado sobre si admitirán a estudio el recurso, informó a CNN uno de los abogados.

FUENTE: EFE / CNN EN ESPANOL

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Domenica Rivera Mendieta Arrestada por Hurto Mayor / Foto : MundoNOW.

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Segun informa la agencia EFE, una jueza federal determinó este lunes que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) no puede impedir el acceso de miembros del Congreso a centros de detención de inmigrantes sin previo aviso.

La decisión representa un revés para una medida adoptada por el Gobierno del presidente Donald Trump como parte de su campaña de deportaciones.

El fallo establece que la restricción impuesta para limitar las visitas legislativas es ilegal.

El acceso de congresistas a cárceles migratorias ha sido clave para documentar condiciones de detención y denunciar presuntas irregularidades dentro de instalaciones administradas por el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE).

La decisión judicial contra la medida del DHS

Juez ordena a Trump no restringir las visitas de congresistas a las cárceles migratorias #NoticiasSIN

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— Noticias SIN (@SIN24Horas) March 2, 2026


En su opinión emitida este lunes, la jueza Jia M. Cobb se puso del lado de 13 miembros de la Cámara de Representantes.

Los legisladores habían demandado a la Administración de Trump tras no poder ingresar a cárceles migratorias y centros de detención de paso.

Cobb bloqueó específicamente una medida emitida el pasado 8 de enero por la secretaria del DHS, Kristi Noem.

La disposición exigía que los congresistas notificaran con siete días de anticipación su intención de visitar estos recintos.

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La jueza ya había bloqueado temporalmente la medida el mes pasado.

Este lunes emitió su decisión final sobre el caso.

Se prevé que el Gobierno de Trump apele el fallo.

El contexto de la restricción y los incidentes previos

Juez bloquea restricción, DHS, Trump MundoNOW
Acceso a cárceles migratorias: juez frena restricción de Trump FOTO: EFE

La iniciativa del 8 de enero fue emitida después de la muerte de la estadounidense Renée Good, ocurrida el 7 de enero.

Tras ese suceso, se impidió el ingreso de las congresistas demócratas Ilhan Omar, Kelly Morrison y Angie Craig a una instalación del ICE en el edificio federal de Mineápolis.

En ese lugar se concentraron operativos migratorios.

Esos operativos también desembocaron en la muerte a tiros de Alex Pretti.

Desde el año pasado, el Gobierno Trump ha mantenido un pulso con legisladores demócratas.

Las tensiones se han centrado en el acceso a centros de detención y otras instalaciones de ICE.

El DHS ya había implantado previamente el requisito de aviso anticipado.

En diciembre pasado, la jueza Cobb también había puesto una suspensión temporal sobre otra restricción similar.

Las denuncias sobre condiciones en detención

Las visitas de congresistas demócratas han servido para exponer condiciones dentro de los centros de detención.

En varios casos, se han denunciado presuntas fallas en la atención médica.

También se han señalado barreras para que los detenidos puedan comunicarse con sus familiares.

Las denuncias más recientes se enfocan en el centro de detención de Dilley, en Texas.

Ese recinto alberga familias.

Congresistas han denunciado que allí se han mantenido arrestados niños desde dos meses de edad.

También han señalado la presencia de mujeres embarazadas a punto de dar a luz.

El fallo judicial reafirma la posibilidad de que miembros del Congreso puedan ingresar a estos centros sin estar sujetos al requisito de notificación de siete días impuesto en enero.

La disputa legal se da en medio de una política migratoria que ha generado enfrentamientos entre el Ejecutivo y legisladores demócratas en torno a la supervisión de instalaciones de detención.