EE.UU. usa datos de localización de celulares para detectar a indocumentados

• Revelan que el gobierno de EE.UU. utiliza datos de celulares para rastrear a indocumentados.
• Según un reporte del diario The Wall Street Journal, Estados Unidos toma datos de aplicaciones que las personas suele tener en los celulares para encontrar y arrestar a indocumentados.
• La información en los celulares al parecer es vendida entre empresas hasta llegar a las manos de las autoridades que ‘cazan’ a indocumentados.

El gobierno de Estados Unidos

está utilizando servicios que siguen la localización de millones de teléfonos celulares para encontrar y detener a inmigrantes indocumentados, informó este viernes The Wall Street Journal (WSJ).

El diario, que cita a varias fuentes y documentos gubernamentales, explica que los datos proceden de aplicaciones habituales en muchos teléfonos, incluidos juegos o servicios meteorológicos, según reseñó Efe.

Esa información es recopilada por varias empresas, que luego las venden a otras compañías, por ejemplo, para ofrecer a los usuarios publicidad de negocios que están cerca del lugar en el que se encuentran.

Por esa vía comercial es por la que el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos y varias de sus agencias acceden a los datos.

Según contratos revisados por el WSJ, el gobierno comenzó a comprar datos de localización en 2017 y, por ejemplo, en 2018, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), que se encarga de las deportaciones de las personas sin papeles, gastó 190,000 dólares en esos servicios.

El ICE, señalan fuentes citadas por el WSJ, ha utilizado esa información para identificar y arrestar a indocumentados.

Los datos son también usados por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), por ejemplo, para rastrear actividad inusual en zonas desérticas de la frontera con México y combatir cruces ilegales o actividades de narcotráfico.

Según el periódico, esa información sirvió para descubrir en 2018 un túnel entre México y Estados Unidos construido por narcotraficantes.

El pasado septiembre, la CBP pagó más de 1 millón de dólares por licencias de software para tener acceso a este tipo de datos de localización procedentes de celulares.

«Esta es una situación clásica en la que una vigilancia comercial cada vez mayor en el sector privado está llegando ahora directamente al gobierno», dijo al WSJ Alan Butler, un responsable del Electronic Privacy Information Center, una organización que defiende leyes de privacidad más estrictas.

Las agencias gubernamentales, mientras, insistieron al periódico en que tienen en cuenta la privacidad y limitan de forma estricta el uso de los datos de localización, manteniéndolos siempre anónimos y sin utilizar información de los repetidores de telefonía que permiten detectar un teléfono específico.

«Aunque la CBP tiene acceso a información de localización, es importante señalar que esa información no incluye datos de torres telefónicas, no se ingiere en masa y no incluye la identidad de usuarios individuales», mencionó un portavoz al WSJ.

Juez da golpe a estrategia de ICE en Estados Unidos

Una orden de un juez de California dio un duro golpe a ICE y a sus estrategias de control migratorio, un tema bandera en la administración de Donald Trump.

Un juez federal les prohibió a las autoridades migratorias estadounidenses utilizar bases de datos consideradas deficientes para solicitarle a las agencias policiales que mantengan detenidas a personas que están bajo custodia, lo que representa un revés para el gobierno del presidente Donald Trump que amenaza con obstaculizar la forma en que efectúa arrestos, reseñó AP.

El fallo sólo es aplicable en el distrito central de California, donde la ley estatal ya limita fuertemente hasta dónde pueden atender las agencias policiales locales y estatales las solicitudes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés). Pero el distrito incluye al Centro de Respuesta Policial del Pacífico, perteneciente ICE, en Laguna Niguel, que hace solicitudes las 24 horas a agencias policiales en 42 estados y dos territorios estadounidenses.

El fallo, emitido el miércoles, es aplicable incluso si el ICE saca esas operaciones de Laguna Niguel, ubicada al sur de Los Ángeles, California.

El juez federal de distrito Andre Birotte Jr. en Los Ángeles dijo que las bases de datos no son confiables para personas que no han sido deportadas ya, ni en procesos de deportación ante un juez de inmigración. La mejor forma de confirmar si alguien cuenta con autorización legal para radicar en Estados Unidos es a través de una entrevista, registros de inmigración u otros documentos, escribió.

Durante la presidencia de Barack Obama, las autoridades migratorias incrementaron drásticamente las solicitudes a las cárceles para que mantuvieran detenidas a las personas 48 horas adicionales si se sospechaba que estaban ilegalmente en el país. Dicha práctica, que ha continuado en el gobierno del presidente Donald Trump, con frecuencia les da tiempo a las autoridades de inmigración para arrestar a la gente antes de que sea puesta en libertad.

En un comunicado, la Casa Blanca señaló que un juez de California del que no dio su nombre emitió “una orden judicial de amplio alcance sin fundamento legal que, si no es cancelada de inmediato, garantizará la liberación de innumerables delincuentes extranjeros ilegales en nuestras comunidades y pondrá a los ciudadanos en gran riesgo”.

“Este fallo socava los pilares del control de la inmigración y bloquea la tradicional y vital cooperación policial que ha existido durante décadas”, añadió.

El ICE indicó que está revisando la decisión del juez para determinar su impacto y decidir qué hará.

La Unión Americana de Libertades Civiles en el sur de California presentó el caso en nombre de Gerardo González, un ciudadano estadounidense que fue sujeto a una solicitud para demorar su liberación en 2012 cuando estaba detenido en el Departamento de Policía del condado Los Ángeles.

De mayo de 2015 a febrero de 2016, 6 por ciento de las 12,797 peticiones que emitió el ICE fueron para ciudadanos estadounidenses o para personas que no estaban sujetas a deportación, de acuerdo con expedientes presentados para el juicio el año pasado.

El juez falló en septiembre que las bases de datos que usa el ICE “con frecuencia tienen datos incompletos, errores significativos o no estaban diseñadas para proveer información que fuera usada para determinar la posibilidad de remoción de una persona”.