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España: acusan a 28 venezolanos de desviar $2,000 millones

Una jueza en Andorra acusó a 28 venezolanos, incluidos exfuncionarios del gobierno, de integrar una red de lavado y dinero y sobornos a cambio de contratos que presuntamente desviaron 2.000 millones de dólares de la empresa petrolera venezolana PDVSA entre 2007 y 2012, informó la prensa local.
2018-09-13T15:06:54+00:00
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Una jueza en Andorra, España, acusó a 28 venezolanos, incluidos exfuncionarios del gobierno, de integrar una red de lavado y dinero y sobornos a cambio de contratos que presuntamente desviaron 2.000 millones de dólares de la empresa petrolera venezolana PDVSA entre 2007 y 2012, informó la prensa local.

El tribunal de la jueza de investigación Canolic Mingorancela emitió los encausamientos el jueves al concluir una averiguación de cinco años sobre depósitos misteriosos en la ahora desaparecida Banca Privada d’Andorra (BPA), informó el Diari d’Andorra.

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Entre los acusados están nueve personas de Andorra, cinco de España y 14 venezolanos, incluso los exviceministros Nervis Villalobos y Javier Alvarado y Luis Carlos de León Pérez, exfuncionario de una empresa estatal de electricidad en Caracas.

La jueza puso en primer lugar de las acusaciones a Diego Salazar, primo de Rafael Ramírez, quien fue presidente de PDVSA entre 2004 y 2013 y colaborador cercano del fallecido presidente venezolano Hugo Chávez. Ramírez fue embajador de Venezuela ante la ONU hasta el año pasado, cuando rompió con el gobierno actual y renunció. Actualmente se oculta.

La jueza declaró que los individuos recibieron pagos ilegales de compañías que recibieron contratos de PDVSA y sus afiliadas. El banco con sede en Andorra escondía los fondos en empresas fantasma en varios países y al final el dinero aparecía en cuentas de BPA.

“Entre ellos se unieron para controlar las licitaciones públicas de Petróleos de Venezuela, SA (PDVSA) y la construcción de infraestructuras energéticas, contratadas por filiales de PDVSA como CORPOELEC y ELECTRICIDAD de CARACAS”, escribió la jueza.

Acusan 28 venezolanos después de una investigación de 5 años

“Su inserción en los círculos de poder del Estado era tal que, al inicio de la investigación, cuando se tramitó una demanda por vía de Interpol, no solo fueron inmediatamente alertados de este hecho, sino que decidieron cuál era la respuesta que las autoridades de su país habían de responder a la petición de Interpol”, agregó.

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En 2015, Andorra intervino el banco privado después de que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos lo acusó de lavar dinero para grupos de China, Rusia y Venezuela.

Desde entonces, el diminuto país de 75.000 habitantes ha dado pasos para quitarse la reputación de ser un paraíso fiscal, eliminando las leyes del secreto bancario y aprobando legislación que cumple con los estándares internacionales.

El Diari d’Andorra, un diario local, informó que ninguno de los venezolanos acusados en el caso se presentó el jueves ante el tribunal en la capital Andorra La Vella para recibir la notificación judicial.

De León se declaró culpable de lavado de dinero y otros cargos en Estados Unidos, donde las autoridades judiciales también están investigando el esquema de sobornos dentro y alrededor de PDVSA. Una corte en Houston tiene previsto emitir una sentencia a finales de este mes.

España aceptó extraditar a Villalobos como parte del mismo caso, pero el que fue el subalterno de Ramírez en PDVSA no puede ser enviado a Estados Unidos hasta que sea enjuiciado por los tribunales españoles en dos casos diferentes.

Se desconoce el paradero de Alvarado, mientras que Salazar ha estado en detención preventiva en Venezuela desde que la fiscalía venezolana ordenó su arresto a finales del año pasado.

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Walmart acordó pagar $100 millones para resolver acusaciones de la Comisión Federal de Comercio (FTC) y 11 estados, que señalaron a la empresa por prácticas engañosas contra conductores de su programa de reparto Spark Driver.

Por qué importa: El caso pone el foco en cómo las grandes plataformas comunican salarios, incentivos y propinas a trabajadores independientes que dependen de información clara para decidir si aceptan o no una entrega.

¿De qué se acusa a Walmart?

Según la FTC, la compañía habría mostrado a los conductores montos inflados sobre el salario base, las propinas y los incentivos que podían recibir por completar entregas.

Walmart agrees to $100 million judgment to settle FTC, states’ charges over deceptive earnings claims related to the company’s Spark Driver delivery service: https://t.co/pbkT3uxFMO /1

— FTC (@FTC) February 26, 2026

La denuncia sostiene que los conductores aceptaban pedidos basándose en cifras que no siempre se concretaban en el pago final.

Además de la FTC, participaron en la acción los estados de Arizona, California, Colorado, Illinois, Michigan, Carolina del Norte, Oklahoma, Pensilvania, Carolina del Sur, Utah y Wisconsin.

El rol de Spark Driver

Walmart opera su servicio de entregas a través de la aplicación Spark Driver, que utiliza trabajadores independientes.

Los conductores pueden elegir si aceptan o no una oferta de entrega, tomando como referencia el pago base y las propinas estimadas que aparecen en la app.

El problema, según la demanda, es que esa información no siempre reflejaba con precisión lo que realmente recibirían.

acuerdo por prácticas engañosas walmart
FOTO: Shutterstock

Acuerdo por prácticas engañosas de Walmart

La denuncia enumera varias conductas consideradas engañosas:

También se cuestionaron incentivos prometidos por cumplir ciertas metas o por recomendar nuevos conductores. Según la denuncia, no siempre se revelaron todas las condiciones necesarias para recibir esos pagos adicionales y, en algunos casos, aun cuando se cumplían los requisitos, los incentivos no se otorgaban.

Finalmente, la FTC sostuvo que Walmart aseguró a los consumidores que “el 100 % de las propinas van al conductor”, pero en múltiples ocasiones esas propinas no se entregaron como se prometió ni se reembolsaron a los clientes.

Las leyes involucradas

La FTC afirmó que estas prácticas violaron la Ley de la FTC y la Ley Gramm-Leach-Bliley, esta última relacionada con la obtención de información financiera mientras, presuntamente, se engañaba a los conductores sobre sus ingresos.

La acción también se apoyó en leyes estatales de protección al consumidor y laborales en los estados participantes.

¿Qué incluye el acuerdo de demanda de Walmart?FOTO: ShutterstockFOTO: DepositPhotos

Como parte de la orden propuesta presentada ante el Tribunal de Distrito del Norte de California, Walmart deberá:

La Comisión autorizó la presentación de la denuncia y la orden final estipulada por unanimidad, con dos votos a favor y ninguno en contra.

demanda de la FTC
FOTO: DepositPhotos

Un mensaje al mercado laboral

Desde la Oficina de Protección al Consumidor de la FTC se señaló que los mercados laborales dependen de información veraz sobre salarios y condiciones de trabajo para funcionar correctamente.

El caso se enmarca en los esfuerzos del Grupo de Trabajo Conjunto sobre Asuntos Laborales de la FTC, creado en febrero de 2025 para investigar prácticas laborales engañosas o anticompetitivas.

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Lo que viene: Walmart pagará $100 millones por demanda de la FTC

El pago de $100 millones busca compensar a los conductores afectados y establecer nuevas reglas de transparencia para el programa Spark Driver.

Más allá del monto, el acuerdo envía una señal a otras empresas que operan con trabajadores independientes: la información sobre salarios, propinas e incentivos debe ser clara y verificable.

Para miles de conductores que dependen de estas plataformas como fuente de ingresos, el resultado del caso podría marcar un antes y un después en cómo se presentan y garantizan sus ganancias.

Fotos | DepositPhotos