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Florida perdería 253 mil empleos si aprueban ley que verifica indocumentados

Una ley en Florida obligaría a verificar que los empleados no sean indocumentados, lo que significaría la pérdida de miles de empleos.
2020-02-11T11:33:53+00:00
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  • Un proyecto de ley en Florida obligaría a verificar que los empleados no sean indocumentados, lo que significaría la pérdida de miles de empleos.
  • La medida, una promesa de campaña del gobernador Ron DeSantis,  busca el cumplimiento del programa federal migratorio E-Verify.
  • Expertos aseguran que en Florida viven unos 700 mil indocumentados, de los cuales unos 440.000 están trabajando o buscando trabajo.

Un proyecto de ley en Florida que obligaría a las empresas a verificar que sus empleados no sean indocumentados enfrenta la oposición de los sectores de la agricultura, el turismo y la construcción, que perderían hasta 253 mil 500 empleos, según un informe divulgado por el grupo proinmigrante FWD.us.

La medida, una promesa de campaña

del gobernador Ron DeSantis, alineado con las fuertes políticas migratorias del presidente Donald Trump, busca el cumplimiento del programa federal migratorio E-Verify entre empresas vinculadas al gobierno estatal, pero también las privadas.

Esta última parte ha encontrado la oposición de los sectores que mueven la economía en el turístico «Estado del Sol», que perdería 10.660 millones de dólares en ganancias y 1.250 millones en ingresos fiscales estatales y locales, según el estudio.

El informe, divulgado hoy por FWD.us, el día que el comité Judicial del Senado estatal se dispone a debatirlo, enfatiza que los «trabajadores indocumentados ya son contribuyentes importantes a la economía de Florida».

Precisa que de los aproximadamente 700.000 indocumentados que viven en Florida, unos 440.000 están trabajando o buscando trabajo.

«Estos trabajadores aportan hasta 36.500 millones de dólares anuales en ganancias que permanecen en el estado de Florida», agrega el documento.

Destaca que una vez que se contabilizan los efectos de su presencia en el mercado laboral, hacen parte de los 868.444 empleos totales en Florida y los 3.900 millones anuales en ingresos fiscales locales y estatales.

El reporte, llamado «Evaluación del impacto de la adopción obligatoria de verificación electrónica para Florida» y a cargo de Rick Harper, matiza que la pérdida de empleos sería de 253.500 si los empleadores tienen que verificar el estatus migratorio de sus trabajadores.

Proyecta que las empresas de alojamiento y servicio de alimentos serán afectadas con la pérdida de más de 79.000 puestos, seguidos de construcción (54.500) y agricultura, comercio minorista y atención médica (10.000).

La adopción del E-Verify «transfiere parte de la carga del costo y la responsabilidad de la aplicación de la ley de inmigración a las empresas de Florida», precisa.

El estudio se basa en la experiencia y el fracaso de la medida en otros estados, como California, que entre otros aspectos evidenciaron que los trabajos perdidos en agricultura no quedan en manos de trabajadores nativos.

Grupos proinmigrantes como la Red Nacional de Jornaleros (NDLON), señalaron hoy que E-Verify es un abuso del gobierno, «poco confiable y oneroso en la vida cotidiana de trabajadores y empleadores por igual».

«Dañará enormemente a la población inmigrante de Florida, al tiempo que sofocará una economía vibrante y dependiente de inmigrantes», manifestó Cal Soto, directivo de NDLON en su cuenta de Twitter.

Por su parte, el Partido Republicano de Florida invitó hoy a los ciudadanos a apoyar E-Verify: «Es justo exigir a los empleadores que cumplan con el estado de derecho y garanticen que los trabajadores que contratan sean elegibles y estén en nuestro país legalmente».

El proyecto, sin embargo, ha dividido incluso a los legisladores republicanos, quienes dominan ambas cámaras de Florida.

Una versión más moderada, presentada por el republicano Cord Byrd, que solo obligaría a cumplir con E-Verify entre las empresas vinculadas al gobierno de Florida, se tramita en la cámara Baja.

Bajo el proyecto de Byrd, los empleadores privados, que no sean contratistas del Gobierno, no tienen la obligación de utilizar E-Verify.

En 2011 en Florida, el entonces gobernador Rick Scott, también republicano, ordenó mediante una orden ejecutiva a todas las agencias de su administración a usar E-Verify mientras que a las otras agencias estatales se le «sugirió» usar el sistema.

En 2019, en su primer año de mandato, el gobernador DeSantis hizo ley un proyecto contra las llamadas ciudades santuario, que protegen a los indocumentados de deportaciones y castiga a las jurisdicciones que no colaboran con ciertas directrices federales de inmigración.

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Alberto Gutiérrez Reyes, originario de Veracruz, emigró a Estados Unidos en 2001 en busca de una mejor vida.

En territorio estadounidense formó una familia y trabajó en la construcción para sostenerla.

El pasado 26 de febrero falleció tras permanecer detenido bajo custodia migratoria.

Su esposa e hijo denuncian negligencia médica y condiciones inhumanas durante su detención.

Muerte bajo custodia ICE en California

#TvMigranteInforma

El mexicano Alberto Gutiérrez Reyes murió a los 48 años, mientras permanecía bajo custodia de agentes de inmigración en un centro de detención del ICE en #Adelanto, #California.

De acuerdo con su esposa, Patricia Martínez, el veracruzano que migró a EE.UU.… pic.twitter.com/JSl9y5JMLM

— TV Migrante (@TvMigrante) March 1, 2026

El 9 de enero, Alberto salió a desayunar en Los Ángeles, California.

En el barrio de Echo Park fue detenido por agentes de ICE.

Su familia sostiene que fue una detención bajo perfil racial.

Primero lo retuvieron en el centro de Los Ángeles.

Detención en Echo Park y traslado

Posteriormente fue trasladado al centro de detención privado de Adelanto.

Desde el inicio, su esposa Patricia notó afectaciones en su salud.

Relató que en el sitio conocido como B17 dormían en el piso.

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Las temperaturas eran frías y solo recibían mantas de papel laminado.

Alberto comenzó a presentar tos tras su detención.

Patricia aseguró que no padecía ninguna enfermedad crónica.

El único antecedente médico fue haber tenido covid-19 en septiembre de 2023.

“El covid lo llevó al hospital y le afectó la tiroides, los pulmones y el corazón, pero se recuperó”.

Empeoró tras exposición al frío y lluvia

El miércoles 18 de febrero, tras una fuerte lluvia, los sacaron al patio. Permanecieron allí durante una hora pese al intenso frío.

Después de ese día, Alberto comenzó a sentirse peor. El martes 24 de febrero aún se encontraba mal.

A pesar de su estado, acudió a una audiencia para tratar su fianza. “Ese día hablamos cuatro veces”, relató Patricia. “Me dijo que esperaba que ahora sí lo llevaran al doctor”.

Según su esposa, llevaba días solicitando atención médica.

“Mi esposo murió por negligencia médica. Durante días estuvo pidiendo asistencia y nunca le hicieron caso”, dijo Patricia con la voz cortada.

El miércoles 25 de febrero no hubo llamadas. Patricia notó el silencio inusual. “Se me hizo raro”, afirmó.

Fue una sobrina quien recibió la noticia. Un compañero de celda avisó que Alberto había sufrido un desmayo. Fue trasladado de emergencia al hospital.

Falleció en hospital de Victorville

La información oficial señala que murió el 26 de febrero a las 12:58 de la madrugada, según La Opinión.

El deceso ocurrió en el Victor Valley Global Medical Center, en Victorville.

A Patricia le avisaron poco antes de las 8 de la mañana.

La familia enfrenta ahora un profundo dolor.

Erick, su hijo nacido en Estados Unidos, atraviesa el duelo junto a su madre.

Patricia, originaria de Nayarit, describe a Alberto como un hombre trabajador.

Dice que era un gran padre y esposo.

También sostenía económicamente a sus padres en México.

Era el principal soporte de su hogar.

Hoy su familia exige respuestas sobre lo ocurrido.

Mientras tanto, lo despiden con un mensaje de fe.

Que en paz descanse Alberto y que Dios bendiga y proteja a su familia.