Reporte: ICE no sanciona mala atención a migrantes detenidos
Publicado el 02/02/2019 a las 08:19
Las autoridades federales de ICE no siempre hacen que los contratistas que atienden a los migrantes detenidos rindan cuentas, de acuerdo con un informe oficial.
Según un reporte de la Oficina del Inspector General fechado el martes, el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) no impone de manera rutinaria sanciones financieras a los contratistas por deficiencias tales como no informar a la agencia de problemas, a decir: agresiones sexuales.
El reporte del gobierno, citado por AP, se centró específicamente en el uso de los planes de garantía de calidad incluidos en los contratos del ICE con compañías privadas o gobiernos. El ICE contrata la mayoría de sus servicios de detención.
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El inspector general determinó que solo 28 de las 106 instalaciones investigadas tenían esos planes en sus contratos. El ICE cuenta con más de 200 instalaciones para la detención de inmigrantes, pero no todas fueron incluidas en el informe.
“En lugar de sancionar financieramente a las instalaciones, el ICE concedió dispensas a aquellas que tenían condiciones deficientes, en un intento de exentarlas de cumplir con ciertos estándares de detención”, de acuerdo con el informe, indicó AP.
Ha habido reportes de atención médica deficiente y condiciones peligrosas en las instalaciones del ICE por años.
En un centro en Adelanto, California, otra inspección del Inspector General encontró que varios detenidos tenían sábanas anudadas colgando en sus celdas.
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El portavoz Matthew Bourke dijo que el ICE tiene un sólido historial de exigir cuentas a sus contratistas y que los planes de garantías de calidad son un recurso utilizado rara vez.
“El Servicio de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos mantiene su compromiso de proveer un ambiente seguro y fiable para todas las personas bajo su custodia”, afirmó Bourke en un comunicado.
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Acusan de tráfico humano a hispano que ha sido deportado cuatro veces
Un jurado federal de la corte de distrito de Utah presentó cargos por tráfico de personas contra un hispano indocumentado que ya había sido previamente deportado cuatro veces y que ahora podría pasar el resto de su vida en prisión si se le encuentra culpable de todos los cargos en su contra.
Según información difundida el viernes por la corte federal de la División Central de Utah, el acusado, Rolando Gómez, un guatemalteco de 33 años, fue detenido el pasado 21 de enero en el condado de Summit por una infracción de tránsito en la carretera Interestatal 80.
La orden de arresto indica que un alguacil local sospechó de un caso de transporte de personas indocumentadas debido a que los pasajeros en el vehículo “trataron de esconderse”.
Posteriores averiguaciones determinaron que Gómez ya había sido deportado cuatro veces anteriormente y arrestado en “numerosas ocasiones” en Nebraska, Nueva Jersey y otros estados por transportar a indocumentados, y que los documentos que el guatemalteco presentó a los agentes eran falsos.
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Debido a los arrestos anteriores y al hecho que Gómez dijo desconocer a las personas en su vehículo, seis adultos y tres menores de edad, las autoridades detuvieron al guatemalteco y lo acusaron inicialmente de un cargo de tráfico humano y un cargo de obstrucción de la justicia, por haber presentado documentos falsos.
Los ocupantes del vehículo fueron cuestionados por agentes federales y, según los documentos de la corte, indicaron que habían pagado a Gómez para “ser transportados a otros estados”. Se desconocen el lugar de inicio y el lugar de destino del viaje.
Los indocumentados, algunos también previamente deportados, quedaron a disposición del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) y fueron transportados al centro de detención en West Valley City. Tres de ellos, conocidos solo por sus iniciales (LHM, CHM y ERH) decidieron cooperar con las autoridades.
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Con esos testimonios, el jurado especial presentó este jueves tres cargos federales de “transporte de indocumentados por ganancias financieras” contra Gómez.
Además, el mismo jurado acusó al migrante de reingresar a Estados Unidos sin la documentación apropiada luego de haber sido deportado el 18 de diciembre de 2017.
Por sus antecedentes y porque cada una de esas acusaciones conlleva una sentencia máxima de diez años en prisión, Gómez podría pasar el resto de sus días encarcelado si se lo declara culpable de todos los cargos que ahora enfrenta.
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