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¡Histórico fallo! Jueza frena redadas migratorias sin orden judicial en California

Una jueza federal en California prohíbe a la Patrulla Fronteriza realizar arrestos sin orden judicial, tras redadas a inmigrantes
2025-04-30T16:53:22+00:00
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Photo: MundoNOW Archive
  • Jueza de California Prohíbe arrestos sin orden judicial
  • Operativo causó separación familiar
  • Denuncian discriminación en redadas

Una jueza federal en California ha emitido una orden que prohíbe a la Patrulla Fronteriza realizar arrestos sin orden judicial en una amplia zona del estado.

La decisión surge tras una polémica redada en la región agrícola del condado de Kern que resultó en la detención de decenas de trabajadores, incluyendo a un ciudadano estadounidense.

La jueza Jennifer Thurston del Distrito Este de California dictaminó que los agentes no podrán detener a personas sin una sospecha razonable de que son indocumentadas ni arrestarlas sin una orden judicial válida.

La medida se extiende desde Bakersfield hasta la frontera con Oregón y afecta todas las futuras operaciones migratorias en ese distrito.

El fallo de la jueza de California surge tras demanda por redadas discriminatorias

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FOTO: Shutterstock

El fallo se produjo en respuesta a una demanda presentada por el Sindicato de Trabajadores Agrícolas (UFW, por sus siglas en inglés) y la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU).

La demanda acusa a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) de realizar detenciones arbitrarias y motivadas por prejuicios raciales.

Los agentes migratorios habrían recorrido unos 500 kilómetros fuera de su jurisdicción para llevar a cabo la llamada «Operación Retorno al Remitente».

En su fallo de 88 páginas, la jueza Thurston señaló que «las prácticas empleadas por los agentes de la Patrulla Fronteriza durante el operativo demostraron un daño inminente e irreparable a las personas afectadas por la redada».

Durante la operación del 7 y 8 de enero, los detenidos fueron transportados a un centro de detención en la frontera con México, a más de 480 kilómetros al sur.

Según la demanda, muchas de las personas arrestadas no recibieron el debido proceso y fueron presionadas a firmar documentos para salir voluntariamente del país.

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“La evidencia ante el Tribunal es que los agentes de la Patrulla Fronteriza bajo la autoridad del DHS participaron en conductas que violaron derechos constitucionales bien establecidos”, escribió la jueza Thurston.

Al menos 40 residentes de larga data del condado de Kern quedaron varados en México, separados de sus familias y comunidades.

“La Patrulla Fronteriza no puede simplemente inmiscuirse en las comunidades y capturar a personas trabajadoras sin el debido proceso, solo por ser de piel oscura y de clase trabajadora”, indicó Teresa Romero, presidenta de la UFW.

Bree Bernwanger, abogada principal de la ACLU del Norte de California, celebró el fallo y declaró: “El fallo de hoy afirma la dignidad y los derechos constitucionales de todas las personas”.

«La Patrulla Fronteriza debe poner fin a sus prácticas ilegales de detención y arresto ya», agregó.

La jueza también ordenó que la Patrulla Fronteriza documente detalladamente todas las detenciones realizadas sin orden judicial dentro del distrito afectado.

Los reportes deberán ser entregados cada 60 días mientras dure el proceso judicial.

Los abogados del gobierno argumentaron que la jueza no tenía jurisdicción sobre el caso y que la demanda debía esperar hasta que un juez de inmigración emitiera una orden final.

Además, aseguraron que la Patrulla Fronteriza ya había implementado nuevas directrices para evitar este tipo de detenciones.

No obstante, Thurston refutó que la simple adopción de nuevas políticas tras ser demandados no invalida el caso.

Sostuvo que las políticas emitidas no eran lo suficientemente estrictas para prevenir abusos futuros ni ofrecían garantías de permanencia.

“La Patrulla Fronteriza debe rendir cuentas por sus acciones y no puede escapar al escrutinio judicial solo por prometer que cambiará”, concluyó la jueza.

¿Crees que esta medida protegerá realmente los derechos de las comunidades migrantes o crees que hace falta ir más allá? ¡Déjanos tu opinión en los comentarios!

FUENTE: EFE / AP 

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Alberto Gutiérrez Reyes, originario de Veracruz, emigró a Estados Unidos en 2001 en busca de una mejor vida.

En territorio estadounidense formó una familia y trabajó en la construcción para sostenerla.

El pasado 26 de febrero falleció tras permanecer detenido bajo custodia migratoria.

Su esposa e hijo denuncian negligencia médica y condiciones inhumanas durante su detención.

Muerte bajo custodia ICE en California

#TvMigranteInforma

El mexicano Alberto Gutiérrez Reyes murió a los 48 años, mientras permanecía bajo custodia de agentes de inmigración en un centro de detención del ICE en #Adelanto, #California.

De acuerdo con su esposa, Patricia Martínez, el veracruzano que migró a EE.UU.… pic.twitter.com/JSl9y5JMLM

— TV Migrante (@TvMigrante) March 1, 2026

El 9 de enero, Alberto salió a desayunar en Los Ángeles, California.

En el barrio de Echo Park fue detenido por agentes de ICE.

Su familia sostiene que fue una detención bajo perfil racial.

Primero lo retuvieron en el centro de Los Ángeles.

Detención en Echo Park y traslado

Posteriormente fue trasladado al centro de detención privado de Adelanto.

Desde el inicio, su esposa Patricia notó afectaciones en su salud.

Relató que en el sitio conocido como B17 dormían en el piso.

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Las temperaturas eran frías y solo recibían mantas de papel laminado.

Alberto comenzó a presentar tos tras su detención.

Patricia aseguró que no padecía ninguna enfermedad crónica.

El único antecedente médico fue haber tenido covid-19 en septiembre de 2023.

“El covid lo llevó al hospital y le afectó la tiroides, los pulmones y el corazón, pero se recuperó”.

Empeoró tras exposición al frío y lluvia

El miércoles 18 de febrero, tras una fuerte lluvia, los sacaron al patio. Permanecieron allí durante una hora pese al intenso frío.

Después de ese día, Alberto comenzó a sentirse peor. El martes 24 de febrero aún se encontraba mal.

A pesar de su estado, acudió a una audiencia para tratar su fianza. “Ese día hablamos cuatro veces”, relató Patricia. “Me dijo que esperaba que ahora sí lo llevaran al doctor”.

Según su esposa, llevaba días solicitando atención médica.

“Mi esposo murió por negligencia médica. Durante días estuvo pidiendo asistencia y nunca le hicieron caso”, dijo Patricia con la voz cortada.

El miércoles 25 de febrero no hubo llamadas. Patricia notó el silencio inusual. “Se me hizo raro”, afirmó.

Fue una sobrina quien recibió la noticia. Un compañero de celda avisó que Alberto había sufrido un desmayo. Fue trasladado de emergencia al hospital.

Falleció en hospital de Victorville

La información oficial señala que murió el 26 de febrero a las 12:58 de la madrugada, según La Opinión.

El deceso ocurrió en el Victor Valley Global Medical Center, en Victorville.

A Patricia le avisaron poco antes de las 8 de la mañana.

La familia enfrenta ahora un profundo dolor.

Erick, su hijo nacido en Estados Unidos, atraviesa el duelo junto a su madre.

Patricia, originaria de Nayarit, describe a Alberto como un hombre trabajador.

Dice que era un gran padre y esposo.

También sostenía económicamente a sus padres en México.

Era el principal soporte de su hogar.

Hoy su familia exige respuestas sobre lo ocurrido.

Mientras tanto, lo despiden con un mensaje de fe.

Que en paz descanse Alberto y que Dios bendiga y proteja a su familia.