La ciudad de Baltimore presentó el miércoles una demanda contra el gobierno del presidente Donald Trump sobre su política migratoria, informa CBS.

La alcaldesa Catherine Pugh dijo en un comunicado que se tomó la decisión porque la administración de Trump «cambió de modo secreto e ilegal la definición de ‘carga pública’ establecida por el Departamento de Estado».

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El escrito sugiere que la modificación es parte de la «clara hostilidad» de la administración «hacia ciertos grupos de inmigrantes» y que «es una violación a las leyes federales que rigen a las agencias administrativas».

«Baltimore es una ciudad donde los inmigrantes son bienvenidos y que se beneficia de sus aportes», expresó Pugh. «La política del gobierno de Trump, que busca levantar obstáculos para quienes desean vivir en esta ciudad, contraviene los ideales y principios fundacionales de la nación».

«Haremos frente a este intento por privar a nuestras comunidades migrantes de servicios básicos y estamos seguros que saldremos victoriosos», agregó.

Gobierno de EE.UU. apela bloqueo a restricciones de asilo

El Gobierno de Donald Trump presentó el miércoles un recurso de apelación para que la Justicia retire la orden de bloqueo a la normativa promovida desde el Ejecutivo que restringiría sustancialmente las opciones de los migrantes para pedir asilo en el país.

El Departamento de Justicia acusa en su escrito al juez que tomó la decisión de «menoscabar los esfuerzos del presidente Donald Trump para que la gente que se traslada en caravanas a través de México sigan las leyes estadounidenses».

Según la apelación presentada por los abogados del Gobierno federal, el bloqueo contribuye a que los migrantes «se pongan en peligro a sí mismos al cruzar de forma ilegal a EE.UU.», en lugar de hacerlo por los puertos de entrada designados.

La Casa Blanca adelantó además que, en caso de que el magistrado que lleva el caso en una corte federal de San Francisco (California), Jon Tigar, no haya levantado el bloqueo este miércoles, elevará el asunto a la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito.
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El pasado 9 de noviembre, Trump firmó una orden presidencial que de facto implicaba que aquellos inmigrantes que entren al país por la frontera con México de forma irregular no tengan opción de pedir asilo, como ya había anunciado que haría él mismo durante la semana previa a las elecciones legislativas el pasado día 6.
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La misma jornada en que Trump suscribió la orden, vigente durante al menos 90 días, distintos grupos defensores de derechos humanos demandaron al Gobierno solicitando a la Justicia la suspensión preventiva de la regulación.
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El Gobierno se había escudado en la misma prerrogativa utilizada para establecer un veto migratorio sobre países de mayoría musulmana en 2017, un paso que sí fue respaldado por el Tribunal Supremo.