El estados de Nueva Jersey anunció el lunes que destinará 2.1 millones de dólares en ayuda legal a indocumentados que enfrentan un proceso de deportación u otras cuestiones migratorios, informa la publicación North Jersey.

El estado dijo que se sumará a California y Nueva York en la creación de un programa de asistencia legal financiado por el estado que facilitará el acceso a abogados de inmigración.

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Los fondos fueron incluidos en el presupuesto estatal de 37.4 mil millones de dólares que firmó en julio el gobernador Phil Murphy. El lunes se concretó el acuerdo para la subvención, detalla North Jersey.

«Ofrecer asesoría legal ayuda a que el proceso se lleve a cabo conforme a la ley y que haya un trato justo hacia los inmigrantes. Así lograremos una aplicación eficaz del sistema migratorio y ahorraremos costos asociados con los centros de detención», dijo Elizabeth Maher Muoio, tesorera del estado.

«Cuando invertimos en nuestras familias impulsamos la estabilidad social y económica, lo cual beneficia a nuestra comunidad y economía en general», agregó.

Actualmente, aquellas personas que enfrentan cargos penales no migratorios tienen derecho a un abogado público cuando no pueden pagar por los servicios de uno privado, pero las personas con problemas por violaciones a las leyes migratorias no disponen de asistencia legal.

«La medida será un cambio importante para muchos», aseguró Chia-Chia Wang, directora de la American Friends Service Committee, un grupo proinmigrante basado en Newark.

En Nueva Jersey un 67 por ciento de inmigrantes en proceso de deportación comparecen en corte sin un abogado, según reveló un informe del New Jersey Policy Perspective.

Juez impide a Trump aplicar prohibición de asilo

Un juez federal prohibió al gobierno de Donald Trump que niegue el asilo a los migrantes que crucen la frontera sur de Estados Unidos de forma ilegal.

El juez federal de distrito Jon S. Tigar dictó una orden de restricción temporal tras escuchar los argumentos de ambas partes en San Francisco. La petición fue presentada por la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus iniciales en inglés) y por el Centro por los Derechos Constitucionales, que interpusieron una demanda justo después de que Trump decretó el veto este mes en respuesta a las caravanas de migrantes que comenzaron a llegar a la frontera sur.

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El 9 de noviembre, Trump emitió un decreto por el que cualquier persona que haya cruzado la frontera sur de Estados Unidos no sería candidata para recibir asilo. Las normas, que permanecerían vigentes tres meses a menos que se produjese una orden judicial, habrían dificultado que las miles de personas que ingresan al país eviten la deportación.

“Los individuos tienen derecho al asilo si cruzan entre los puertos de ingreso”, dijo Baher Azmy, abogado del Centro por los Derechos Constitucionales. “No se puede ser más claro”.

En los últimos años, decenas de miles de migrantes se han presentado cada año en el desierto de Arizona o en la cuenca norte del río Bravo en Texas para entregarse a las autoridades migratorias y solicitar asilo. El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus iniciales en inglés) calcula que cada año unas 70.000 personas piden asilo después de ser detenidas entre los puertos oficiales de ingreso.

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Trump argumenta que las caravanas más recientes son una amenaza a la seguridad nacional.

Alrededor de 3.000 personas de la primera caravana llegaron a Tijuana, México, en la frontera con San Diego, California. La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza dijo el lunes que cerró el tránsito con dirección norte del cruce de San Ysidro durante varias horas. También instaló barreras móviles con alambre de púas en la parte superior, aparentemente para impedir un ingreso masivo de personas.

Desde la entrada en vigor del decreto presidencial y hasta el lunes, 107 personas detenidas entre los puertos de ingreso solicitaron asilo, informó el DHS, que está al frente de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza. Los funcionarios no revelaron si los casos de esas personas avanzan por los otros canales que tienen disponibles para procesar su solicitud.
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El DHS ha dicho que quiere que los solicitantes de asilo en la frontera sur se presenten en un cruce fronterizo oficial. Pero muchos de ellos, como el de San Ysidro, ya tienen un largo tiempo de espera. Por lo regular, las personas se ven obligadas a aguardar, incluso semanas, en refugios o en campamentos al aire libre en el lado mexicano.
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El abogado de la ACLU Lee Gelernt dijo que algunos de los solicitantes de asilo cruzan entre los puertos debido a que “corren un peligro real”, ya sea en México o en sus países de origen.
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“No condonamos a los que ingresan entre los puertos de ingreso, pero el Congreso ha tomado de la decisión de que si ellos lo hacen, de todas formas se les debe permitir solicitar asilo”, comentó.