Trump elimina préstamos oficiales para titulares de green card
Publicado el 03/02/2026 a las 18:55
- SBA excluye residentes permanentes
- Nuevas reglas desde marzo
- Congreso critica decisión
Los residentes permanentes legales en Estados Unidos, conocidos como titulares de la “green card”, dejarán de ser elegibles para los préstamos otorgados por la Administración de Pequeñas Empresas (SBA) a partir del 1 de marzo.
La decisión fue anunciada en un memorando oficial de la agencia, que limita el acceso a estos créditos únicamente a empresas con propiedad 100 % estadounidense y cuyos dueños residan dentro del país.
La medida representa un endurecimiento adicional de los requisitos para acceder a los préstamos más populares de la SBA, particularmente el programa 7(a), utilizado para múltiples fines empresariales.
Préstamos SBA: el giro que cambia las reglas
The Small Business Administration is barring green card holders and other non-U.S. citizens from applying for loans from the agency’s main lending program.
— CBS News (@CBSNews) February 3, 2026
Hasta ahora, las pequeñas empresas podían calificar a los préstamos de la SBA si al menos el 51 % de la propiedad pertenecía a un ciudadano estadounidense que residiera en Estados Unidos.
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Ese criterio permitía que titulares de residencia permanente participaran como copropietarios, siempre que no tuvieran el control mayoritario del negocio.
En diciembre pasado, la SBA ya había reducido ese margen de participación extranjera de manera significativa, según CNN.
¿Quiénes quedan fuera del financiamiento federal?
Empresarios inmigrantes con “green card” quedarán fuera de préstamos oficiales de EE.UU. https://t.co/F6WZFZZZoF
— CNN en Español (@CNNEE) February 3, 2026
Desde entonces, solo podían acceder al programa las empresas con un máximo de 5 % de su propiedad en manos de un extranjero, un titular de “green card” o un ciudadano estadounidense que viviera fuera del país.
El nuevo memorando elimina por completo esa posibilidad.
A partir del 1 de marzo, cualquier nivel de propiedad de un residente permanente legal impedirá el acceso al préstamo.
La restricción aplica también al préstamo 7(a), uno de los más solicitados por pequeñas empresas.
Este programa permite obtener financiamiento para diversos usos, con montos de hasta 5 millones de dólares.
Préstamos bajo fuego político
El anuncio provocó reacciones inmediatas de legisladores demócratas en el Congreso.
El senador Edward J. Markey y la representante Nydia Velázquez condenaron públicamente el cambio de política.
Ambos son miembros de alto rango en los comités de Pequeñas Empresas del Senado y la Cámara de Representantes.
En un comunicado conjunto, los legisladores acusaron a la administración del presidente Donald Trump de excluir a inmigrantes legales.
“En lugar de apoyar a los inmigrantes legales que trabajan arduamente para iniciar o expandir un negocio, la SBA de Trump opta por el odio”, señalaron.
También afirmaron que la nueva política prohíbe injustamente a los titulares de la tarjeta de residencia acceder a préstamos federales.
Para los legisladores, la decisión contradice el objetivo histórico de la SBA de respaldar a pequeñas empresas.
Alertas previas y una decisión sin respuesta
El senador Markey recordó que ya existían alertas previas sobre los cambios en los requisitos de ciudadanía.
Indicó que en septiembre pasado recibió información directamente de prestamistas de la SBA.
Según Markey, esos prestamistas reportaron problemas derivados de los procesos de verificación de ciudadanía.
Las preocupaciones se intensificaron tras los ajustes aplicados en diciembre.
Ese mismo mes, los miembros demócratas del Comité de Pequeñas Empresas del Senado enviaron una carta formal a la SBA.
En el documento expresaron inquietud por los nuevos requisitos de ciudadanía.
También destacaron una disminución en el volumen de préstamos otorgados.
Hasta el momento, según los legisladores, la SBA no ha respondido a esa comunicación.
La entrada en vigor de la nueva restricción, prevista para el 1 de marzo, mantiene abiertas las críticas.
El cambio marca un giro significativo en el acceso al financiamiento federal para pequeñas empresas con propietarios residentes permanentes.
