ICE y la policía local: ¿una amenaza para la seguridad comunitaria?

• ICE amplía programa 287(g)
• Policías locales aplican deportaciones
• Crece desconfianza en comunidades inmigrantes

Segun informa Univisión, el gobierno de Donald Trump ha relanzado con fuerza los acuerdos migratorios con autoridades locales, despertando preocupaciones en todo el país.

El programa 287(g), que permite a agentes locales actuar como funcionarios migratorios, se ha convertido en un pilar clave de su estrategia de deportación masiva.

Durante su segundo mandato, Trump ha promovido este programa como una herramienta para detener a inmigrantes indocumentados y combatir el crimen.

Pero múltiples expertos advierten que, lejos de mejorar la seguridad, estos convenios podrían tener consecuencias graves para las comunidades.

Cómo funciona el programa 287(g)

El programa 287(g) fue creado en 1996 y permite a ICE entrenar a policías locales para que actúen como agentes migratorios.

Estos oficiales pueden interrogar a personas sobre su estatus migratorio, emitir órdenes de detención y colaborar directamente con ICE en arrestos.

La medida ha sido defendida por sheriffs en distintos estados, como T.K. Waters en Florida, quien afirmó que el programa combate el narcotráfico.

Según datos oficiales, el número de acuerdos 287(g) ha crecido de 135 en 2024 a 628 en 2025, abarcando ahora 40 estados.

Confianza rota en comunidades inmigrantes

Pero este crecimiento ha generado críticas desde distintos sectores, incluidos expertos en justicia penal y exjefes de policía.

Muchos consideran que la participación de policías locales en tareas migratorias erosiona la confianza con las comunidades inmigrantes.

La desconfianza puede llevar a que menos personas denuncien crímenes o colaboren con investigaciones.

Este efecto contrario ha sido documentado desde hace décadas por departamentos policiales en ciudades como Los Ángeles, San Francisco y Chicago.

Orden Especial 40 y precedentes históricos

En 1979, el jefe Daryl Gates implementó la Orden Especial 40 para impedir que policías de Los Ángeles actuaran como agentes migratorios.

El objetivo era fortalecer la relación con comunidades latinas que se sentían perseguidas y discriminadas.

Otras ciudades siguieron el ejemplo, rechazando participar en políticas migratorias federales.

Uno de los críticos más destacados del programa 287(g) fue William Bratton, quien lideró las policías de Boston, Nueva York y Los Ángeles.

Desconfianza pública y seguridad en riesgo

Bratton señaló que delegar funciones migratorias a policías locales socava su principal misión: proteger a la comunidad.

George Kelling, autor de la teoría de las ventanas rotas, también advirtió que el enfoque migratorio interfiere con la seguridad pública.

Un memorando del departamento de policía de San Diego en 1999 concluyó que aplicar leyes migratorias generaba miedo y desconfianza.

Durante la primera presidencia de Trump, varias jefaturas de policía expresaron rechazo a participar en este tipo de acuerdos.

ICE y policías locales: efectos reales

En 2016, la jefa de policía de Seattle, Kathleen O’Toole, prohibió a sus agentes indagar sobre el estatus migratorio de los ciudadanos.

Ese mismo año, el jefe de Milwaukee, Ed Flynn, explicó que su prioridad era mantener la confianza ciudadana para combatir el crimen.

Los estudios respaldan estas posturas: un informe de 2018 del Instituto Cato no encontró evidencia de que el programa 287(g) reduzca el crimen.

Otro análisis de 2014 sobre el programa Comunidades Seguras también descartó impactos positivos en la seguridad pública.

Programa 287(g) y riesgos para todos

Históricamente, la colaboración entre autoridades locales y federales en temas migratorios ha tenido consecuencias discriminatorias.

Durante la Gran Depresión, miles de ciudadanos estadounidenses de origen mexicano fueron deportados con ayuda de la policía local.

En 1954, el presidente Eisenhower impulsó deportaciones masivas bajo un programa en el que la policía local tuvo un papel protagónico.

El gobierno de Obama también usó el programa 287(g), pero su enfoque se centró en personas encarceladas o recién llegadas.

¿Es sostenible el uso del 287(g)?

Durante su segundo mandato, Obama redujo la cantidad de convenios a solo 35 tras denuncias de violaciones constitucionales.

En Arizona, una investigación federal en 2008 reveló prácticas inconstitucionales en la Oficina del Sheriff del condado de Maricopa.

Allí, se cometieron detenciones y paradas ilegales contra latinos, violando la Cuarta Enmienda de la Constitución.

A pesar de las advertencias, Trump ha intensificado el uso de policías locales en labores migratorias, repitiendo errores del pasado.

Programa 287(g) y comunidades diversas

La narrativa oficial sigue vinculando migración con criminalidad, aunque los datos muestran que los inmigrantes indocumentados cometen menos delitos que los ciudadanos.

El programa 287(g) puede parecer una solución rápida, pero expertos coinciden en que mina la seguridad pública y rompe los lazos comunitarios.

Mientras tanto, las ciudades más diversas de Estados Unidos enfrentan un dilema: colaborar con ICE o proteger la confianza entre ciudadanos y su policía.