EE.UU. regresará a México a solicitantes de asilo indocumentados

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS en inglés) anunció una nueva política que prohíbe a los solicitantes de asilo indocumentados ingresar a Estados Unidos, y les exige permanecer en México, un cambio dramático que afecta la forma en que los migrantes que huyen de la persecución han sido bienvenidos en el país durante décadas.

Bajo la ley actual de Estados Unidos, las personas que solicitan asilo en la frontera sur que limita con México, ya sea en un puerto de entrada o después de ingresar como indocumentados al país, y que pasan una evaluación inicial, pueden permanecer en Estados Unidos hasta que un juez de inmigración tome su decisión, reseñó USA Today.

Bajo la nueva política revelada el miércoles por la secretaria de Seguridad Nacional, Kirstjen Nielsen, ese ya no será el caso. Ahora, cualquier persona que solicite asilo será procesada por agentes federales de inmigración y luego devuelta a México.

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Los gobiernos de Estados Unidos y México habían estado negociando una política similar durante semanas denominada «Permanecer en México», pero la administración de Trump no pudo llegar a un acuerdo con la administración del nuevo presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, quien asumió el cargo el 1 de diciembre.

En cambio, Estados Unidos decidió implementar la política de manera unilateral, dijo Nielsen durante una conferencia ante el Comité Judicial de la Cámara de Representantes este jueves.

La administración de Trump informó a México su decisión y este respondió que el gobierno del país azteca haría lo que pudiese para albergar, alimentar y proteger a los migrantes.

El gobierno mexicano ya está luchando para acomodar a miles de miembros de una caravana de migrantes que acampan en Tijuana esperando su oportunidad de solicitar asilo.

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«Permítanme ser clara: emprenderemos estos pasos de acuerdo con todas las obligaciones legales nacionales e internacionales, incluidos nuestros compromisos humanitarios», manifestó Nielsen al comité. «Todos los migrantes afectados recibirán visas humanitarias para permanecer en el territorio mexicano, se les dará la posibilidad de solicitar trabajo y otras protecciones, mientras esperan una determinación legal de Estados Unidos», agregó.

El DHS se basa en una sección de la Ley de Inmigración y Nacionalidad que permite a un fiscal general ordenar la devolución de los solicitantes de asilo que llegan a un puerto terrestre al país desde el que intentaron ingresar. Pero la ley establece que el fiscal general solo puede regresar a un migrante del que «no (se) está claramente y sin dudas con el derecho a ser admitido».

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Eso puede ir en contra de una parte separada de la Ley de Inmigración y Nacionalidad que permite el ingreso de solicitantes de asilo si simplemente demuestran que tienen un «temor creíble» de regresar a su país de origen.

«Este plan no se puede hacer legalmente», dijo el abogado de la ACLU, Lee Gelernt, quien encabezó una demanda que obligó a la administración este verano a reunificar a las familias separadas en la frontera sur con México.

Un alto funcionario de Seguridad Nacional mencionó que la nueva política entrará en vigor inmediatamente, pero se implementará en los puertos de entrada a lo largo de la frontera sur.

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El funcionario, quien habló con USA Today bajo condición de anonimato para explicar completamente la política, indicó que el objetivo final es que los solicitantes de asilo permanezcan en México, y se les permita ingresar a Estados Unidos solo para las audiencias judiciales necesarias relacionadas con su solicitud.

Nielsen dijo que la nueva política es necesaria para frenar lo que se ha convertido en una avalancha de menores no acompañados y grupos familiares que llegan a Estados Unidos para solicitar asilo, sabiendo que es probable que se les permita ingresar, mientras sus casos avanzan lentamente a través de un atrasado sistema de tribunales de inmigración. En los últimos dos meses, más de la mitad de las 102,000 personas capturadas ilegalmente que cruzaron la frontera sur eran menores o grupos familiares.

El DHS hizo el anuncio sorpresa la misma mañana en que Nielsen comparecía ante el Comité Judicial de la Cámara. Antes, el representante del distrito 10 del Congreso de Nueva York, Jerry Nadler, quien se convertirá en presidente del comité en enero, cuando los demócratas vuelvan a tomar el control de la Cámara, advirtió a Nielsen que su departamento se enfrentaría a un intenso escrutinio sobre su trato a las familias, menores, solicitantes de asilo y a todos los demás a lo largo de la frontera sur.

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Comparó la política de «tolerancia cero» de la administración que llevó a miles de separaciones familiares este verano al «secuestro masivo por parte del gobierno federal». Describió las políticas que intentan limitar el asilo como peligrosas y caóticas. Y dijo que Nielsen debería prepararse para las investigaciones sobre todos esos asuntos.

«Quiero avisarle a usted y al departamento: ha llegado el momento de la responsabilidad», expresó Nadler. «La administración de Trump, incluido el DHS bajo su supervisión, ha lanzado un ataque implacable contra inmigrantes de todas las tendencias. Se acabó el tiempo de la responsabilidad cero”, sentenció.

Nielsen recibió elogios de los republicanos del comité por la nueva política, mientras que el representante Steve Chabot, republicano por Ohio, le agradeció por traer «algo de cordura» al sistema de inmigración de Estados Unidos.

Pero la representante Zoe Lofgren, demócrata por California, le dijo a Nielsen que la nueva política seguramente enfrentará demandas similares a las que han golpeado en otros dos intentos para limitar el asilo.

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