Crece la oposición al regreso de ICE a la cárcel de Rikers en Nueva York

• ICE : Demandan frenar regreso
• Rikers Island en disputa legal
• Ciudad santuario bajo amenaza

Una demanda que busca frenar el regreso de ICE a la cárcel municipal de Nueva York ha sumado nuevos respaldos este lunes.

Defensores públicos, organizaciones de derechos civiles y grupos en defensa de inmigrantes acudieron a la corte para apoyar el reclamo legal contra la decisión del alcalde Eric Adams.

La controversia gira en torno al acuerdo que Adams alcanzó en febrero con la administración del expresidente Donald Trump para permitir el retorno del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) a Rikers Island.

La coalición presentó ante la Corte Suprema del estado de Nueva York un documento que solicita bloquear la orden ejecutiva que habilita nuevamente la presencia de ICE en dicha cárcel.

ICE y su impacto en Nueva York

Según el escrito elaborado por Legal Aid, esta medida provocaría un daño «inmediato e irreparable» a los inmigrantes encarcelados, sus familias y las comunidades de la ciudad.

La oficina de ICE fue expulsada de Rikers en 2014, luego de que el Concejo Municipal aprobara leyes para declarar a Nueva York como ciudad “refugio”.

Desde entonces, las políticas locales prohibían la cooperación con autoridades federales en asuntos migratorios, salvo excepciones específicas.

Actualmente, la orden ejecutiva 50, impulsada por Adams, se encuentra suspendida mientras el tribunal evalúa el fondo del caso.

El documento de «amigos de la corte», que permite a terceros presentar argumentos relevantes, sostiene que dicha orden «socava peligrosamente» las leyes de santuario.

Agrega además que la medida “facilita la confabulación entre las agencias municipales y las autoridades federales de inmigración”.

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En febrero, Adams se reunió con Tom Homan, exfuncionario de la frontera, y se comprometió a que ICE volvería a operar en Rikers, donde estuvo durante dos décadas.

Esa decisión fue calificada de polémica y repudiada por el propio Concejo Municipal, que se sumó a la demanda.

Los demandantes citan pruebas de abusos anteriores cometidos por ICE en la cárcel, así como patrones actuales de deportaciones masivas que consideran inconstitucionales.

Argumentan que permitir el regreso de ICE significaría conceder acceso físico y digital total a la agencia federal sobre los detenidos.

Eso incluiría registros personales, visitas familiares y vigilancia telefónica, con el riesgo de acelerar deportaciones, en particular de jóvenes latinos y personas vulnerables.

«La orden ejecutiva 50 es una clara violación de las protecciones de santuario de la ciudad e invita a una nueva era de discriminación racial, deportaciones injustas y violaciones constitucionales en Rikers Island», afirmó Meghna Philip, directora de Litigios Especiales de Legal Aid.

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FUENTE: EFE  / Yahoo