Texas prepara ejecución de mexicano que mató a su familia

El estado sureño de Texas alista este miércoles la ejecución del mexicano Robert Moreno Ramos, que fue condenado a muerte por matar en 1992 a su esposa y sus dos hijos para volverse a casar tres días después.

Si nada lo impide, Moreno, de 64 años, recibirá una inyección letal después de las 18.00 hora local (19.00 ET) en la prisión estatal de Huntsville (cercana a Houston).

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Como es habitual en las ejecuciones de sus nacionales en EE.UU., el Gobierno de México ha pedido a Washington y, en concreto, al estado de Texas, que detenga la de Moreno en cumplimiento de un fallo de la Corte Internacional de Justicia (CIJ).

En el conocido como «Fallo Avena», la CIJ ordenó en 2004 reconsiderar las condenas a muerte de 51 mexicanos en EE.UU. a los que se les violó su derecho -recogido en la Convención de Viena sobre relaciones consulares- a solicitar asistencia legal a su país tras su detención.

Sin embargo, Texas ha desoído a la CIJ y ha ejecutado ya a cinco mexicanos afectados por el «Fallo Avena», el más reciente Rubén Ramírez Cárdenas, hace justo un año.

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A Moreno Ramos, nacido en Oaxaca (México), le detuvieron el 30 de marzo de 1992 por infracciones de tráfico. Ocho días después confesó haber enterrado a su esposa, Leticia, de 42 años, y sus hijos Abigail (7) y Jonathan (3) bajo el baño de la vivienda familiar.

Las autoridades encontraron el 7 de abril los cuerpos enterrados en la vivienda en Progreso, ciudad fronteriza con México.

La versión de los fiscales fue que los había matado dos meses antes, el 7 de febrero, para casarse tres días después con su amante, que se instaló en la vivienda de Moreno en Progreso, la misma en la que estaban enterrados los cuerpos de Leticia, Abigail y Jonathan.

A sus familiares, Moreno les dijo que los tres habían muerto en un accidente de tráfico, pero sus inconsistencias llevaron a su cuñada, la hermana de Leticia, a denunciar la desaparición, por lo que las autoridades le interrogaron sobre eso una vez detenido.
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Moreno, no obstante, no confesó los asesinatos, aseguró a las autoridades que se los había encontrado muertos, y sus abogados defendieron durante el juicio que fueron narcotraficantes los responsables del crimen.
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Según datos del observatorio Death Penalty Information Center (DPIC), en todo el país hay 134 extranjeros de 35 nacionalidades condenados a muerte, en su mayoría son mexicanos (54), hay nueve vietnamitas, ocho cubanos, ocho salvadoreños y cinco hondureños.
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Desde que el Tribunal Supremo restituyó hace cuatro décadas la pena de muerte han sido ejecutados 33 extranjeros, once de ellos mexicanos y cinco cubanos.