Texas endurece su política antiinmigrante con la Ley SB-8: los alguaciles al frente de ICE
Publicado el 02/06/2025 a las 19:47
- Texas refuerza ley antiinmigrante
- Alguaciles colaboran con ICE
- Críticas por discriminación racial
Según informa la agencia EFE, Texas se alista para reforzar su política migratoria más dura con la aprobación de la Ley Senatorial 8 (SB-8).
Este nuevo marco legal obliga a la mayoría de los departamentos del alguacil a colaborar directamente con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
La medida fue impulsada por los legisladores republicanos, quienes dominan ambas cámaras del Congreso texano.
Tras su aprobación, la iniciativa pasó al despacho del gobernador Greg Abbott, quien se espera la firme sin demora.
Alguaciles de Texas colaborarían con ICE
De materializarse, esta ley convertirá a Texas en el estado con mayor participación de autoridades locales en la detención y deportación de inmigrantes.
El proyecto exige que los departamentos del alguacil que operan cárceles firmen convenios de cooperación con ICE.
Según el Texas Tribune, esto implicaría que 234 de los 254 condados texanos estén obligados a colaborar con la agencia federal.
Los acuerdos permitirían a los alguaciles cuestionar el estatus migratorio de los detenidos, sin necesidad de justificación adicional.
Críticas a la ley antiinmigrante de Texas
Activistas de derechos humanos han denunciado que esta ley puede abrir las puertas a la discriminación racial y la persecución arbitraria.
“La SB-8 no aumentará la seguridad de nuestras comunidades”, señaló Sarah Cruz, vocera de la ACLU en Texas.
Cruz advirtió que los alguaciles estarán forzados a hacer el trabajo de ICE, relegando la protección comunitaria a un segundo plano.
También alertó sobre el uso desproporcionado de recursos locales en tareas de competencia federal.
Ley SB-8 intensifica política antiinmigrante
Desde su rol como estratega de derechos fronterizos e inmigrantes, Cruz señaló que la ley es parte de un “esfuerzo vergonzoso de deportación masiva”.
El Centro de Recursos Legales para Inmigrantes (ILRC) también emitió un informe crítico sobre la SB-8.
En su análisis, el ILRC denuncia que Texas ha funcionado como laboratorio de políticas migratorias extremas durante los últimos años.
De hecho, el documento sostiene que estas medidas allanaron el camino para las acciones migratorias del presidente Donald Trump tras su reelección.
SB-8: consecuencias sociales y legales
“El estado ha sido un experimento de políticas indiscriminadas y cargadas de odio”, advierte el informe.
Añade que otros estados que buscan endurecer sus propias leyes migratorias ahora han replicado estas políticas.
El enfoque de Texas, liderado por Abbott, ha consistido en militarizar la frontera y criminalizar la migración con medidas estatales.
La SB-8 se enmarca dentro de ese contexto, al trasladar responsabilidades migratorias a autoridades locales no entrenadas para tales funciones.
Organizaciones proinmigrantes podrían impugnar la ley antiinmigrante de Texas.
La medida, además de controvertida, podría tener efectos devastadores para comunidades enteras.
«Defensores de derechos civiles temen que las autoridades detengan a las víctimas de crímenes si estas se atreven a reportar los incidentes.»
También podría generarse un clima de desconfianza entre residentes y autoridades, lo que dificultaría la labor policial.
Los opositores consideran que la ley erosiona la separación entre competencias estatales y federales.
