El gobierno del presidente Donald Trump brindó una justificación adecuada para su decisión de poner fin al programa migratorio que reunió a cientos de centroamericanos con sus familiares que viven en Estados Unidos, falló el lunes una jueza federal en San Francisco.

La magistrada Laurel Beeler desestimó la mayor parte de una demanda que alegaba que la finalización del programa Menores de Centroamérica _implementado bajo el mandato del expresidente Barack Obama_ había sido arbitraria y violaba la Constitución estadounidense.

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El Proyecto Internacional para la Asistencia a Refugiados, un grupo de defensa legal que representa a los demandantes, no ha hecho comentarios sobre la decisión hasta el momento.

El programa permitió que los padres de familia que estuvieran de forma legal en Estados Unidos presentaran una solicitud para traer al país a niños o a otros familiares que vivían en Honduras, Guatemala o El Salvador.

El gobierno de Trump le puso fin al programa en agosto de 2017 y revocó la aprobación para alrededor de 2,700 personas que iban a viajar a Estados Unidos.

Corte rechaza política de Trump hacia ciudades santuario

El gobierno de Donald Trump no puede retener más de 29 millones de dólares de seis estados y la ciudad de Nueva York a causa de una disputa sobre sus políticas migratorias como “ciudades santuario”, determinó a finales de noviembre un juez federal en el más reciente de varios fallos similares en todo Estados Unidos.

El fallo afecta a Connecticut, Massachusetts, Nueva Jersey, Rhode Island, Virginia y el estado de Washington, además del estado y la ciudad de Nueva York. Fue dado a conocer después de que se emitieron opiniones similares en tribunales federales en California, Illinois y Pensilvania.

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Sin embargo, no hay un fallo a nivel nacional _al menos por ahora_ sobre si el gobierno federal puede impedir que estados, ciudades y condados reciban fondos públicos para seguridad si limitan su cooperación con las autoridades de inmigración. La entrega de dichos fondos es una práctica establecida hace tiempo.

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El Departamento de Justicia federal declinó comentar sobre el fallo del viernes. Por su parte, Barbara Underwood, secretaria de Justicia de Nueva York, consideró que la decisión representa “un triunfo importante”.

“El intento del gobierno de Trump de retener estos fondos vitales no fue más que un ataque político a expensas de nuestra seguridad pública”, afirmó la demócrata Underwood en un comunicado.

Bill de Blasio, el alcalde demócrata de la ciudad de Nueva York, dijo que Trump ha estado intentando “obligar a nuestra ciudad a que implemente sus políticas migratorias draconianas”.

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El republicano Trump ha hecho énfasis en el combate a la inmigración ilegal, y con frecuencia la presenta como una amenaza a la seguridad pública. Poco después de asumir el puesto el año pasado, emitió una orden en la que prohibió las subvenciones federales a las ciudades santuario en muchas circunstancias.

Posteriormente el Departamento de Justicia emitió nuevas condiciones sobre un programa de subvenciones establecido hace años, el cual lleva el nombre de un policía muerto durante su labor en 1988 y beneficia a gobiernos estatales y locales.

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Los nuevos requerimientos incluyen decirles a los agentes federales cuándo salen de la cárcel los inmigrantes que viven ilegalmente en el país y permitirles interrogar a los detenidos en torno a su estatus migratorio. Los gobiernos locales también tenían que acceder a no establecer límites en torno a la entrega de información a las autoridades migratorias sobre la nacionalidad de cualquier persona.

“Debemos alentar a estas jurisdicciones ‘santuario’ a que modifiquen sus políticas y colaboren con las agencias policiales federales para retirar a criminales”, afirmó el entonces secretario de Justicia federal Jeff Sessions al anunciar las condiciones.

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Pero los estados y ciudades blanco de esta iniciativa federal dijeron que convertir a los policías en agentes migratorios de facto desalienta a los inmigrantes de reportar delitos o apoyar investigaciones.

Nueva York y las otras ciudades involucradas en la decisión del viernes argumentaron que las condiciones de cooperación violaron los límites constitucionales en torno a la autoridad del gobierno sobre decisiones de gastos y el poder federal sobre los estados.

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El juez federal de distrito Edgardo Ramos estuvo de acuerdo.

El requerimiento de compartir información “choca con la autoridad soberana (de los estados y ciudades) y la libertad de sus ciudadanos de ser regulados por las políticas estatales y locales de su preferencia”, escribió.

Sin embargo, Ramos declinó atender su solicitud de derogar las condiciones a nivel nacional. Un juez federal y un panel de apelaciones de tres jueces en Chicago lo hicieron a principios del año, pero posteriormente esos fallos fueron limitados para que sólo se apliquen a la ciudad.

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