En vísperas del Thanksgiving, jueza federal dio un revés al ICE

• Jueza federal en Boston da revés al ICE y dicta nuevo procedimiento para fijar fianzas a indocumentados bajo proceso de deportación 
• Ahora los agentes federales deberán probar por qué un indocumentado no puede acceder a una fianza para seguir su proceso de deportación en libertad
• Este procedimiento entrará en vigor el próximo 13 de diciembre

En la víspera del Thanksgiving, una jueza federal dio un revés al ICE y dictó el miércoles pasado que es inconstitucional que los agentes del Servicio de Inmigración y Aduanas consideren las violaciones de los inmigrantes indocumentados a las Leyes de Inmigración como prueba suficiente para que se les niegue una fianza que les permita seguir su proceso de deportación en libertad o bajo otras circunstancias distintas a la reclusión en centros de detención.

La decisión de la jueza de la corte de distrito de los Estados Unidos con sede en Boston, Patti Saris, determina un cambio radical en la forma en que se administran las audiencias de fianza en la corte de inmigración de Boston, pero por ser un juez federal, su decisión aplica en todo el país.

De acuerdo al portal informativo de la estación de Radio WBUR 90.9 de Boston, Saris dictaminó que pedirle a un inmigrante indocumentado elegible para una fianza, que demuestre que no tiene intenciones de fuga o por qué él no representa una amenaza para la sociedad estadounidense, viola su derecho al debido proceso.

Probar que el indocumentado es un delincuente, al margen de que violó las leyes de Inmigración, es una función exclusiva de los agentes o de los funcionarios federales de Inmigración, tal y como sucede en las audiencias de fianza en los tribunales penales con quienes se declaran culpables de un delito.

En suma, es obligación del gobierno probar que un individuo es culpable como dicta el proverbio: «todos son inocentes hasta que se demuestre lo contrario».

Esta instrucción que impone un nuevo procedimiento judicial entrarán en vigor el próximo 13 de diciembre.

En su fallo, la jueza ordenó también que los jueces de Inmigración en Boston consideren la capacidad de pago del individuo al establecer un monto de fianza superior a mil 500 dólares.

Asimismo, ordenó a los jueces de Inmigración que consideren condiciones alternativas a la reclusión en centros de detención de ICE, como la colocación de geoposicionadores (GPS) en el procesado o la implementación de las órdenes de supervisión que exigen al procesado presentarse constantemente ante las oficinas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas para conocer su localización y garantizar que no huya.

La decisión de la jueza Patti Saris se deriva de una demanda presentada por la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) con sede en Massachusetts.

Esta organización presentó la demanda colectiva en junio argumentando que el gobierno tiene la obligación Constitucional de demostrar por qué una persona debe ser privada de su libertad, cualquiera que sea su proceso: penal o migratorio.

La jueza federal Saris estuvo de acuerdo con ese argumento.

Con su demanda, la ACLU estimó que cientos de inmigrantes detenidos en Nueva Inglaterra podrían verse afectados por el fallo y, para algunos, la decisión daría lugar a nuevas audiencias de fianzas.

En vísperas del Thanksgiving, jueza federal dio un revés al ICE

Entrevistado por WBUR 90.9 de Boston, Dan McFadden, abogado de la ACLU de Massachusetts, calificó la decisión judicial como la primera en su tipo en respuesta a una demanda colectiva.

«Se trataba de proteger un principio Constitucional fundamental de que el gobierno no puede encarcelar a las personas sin mostrar una razón. Creo que si la cláusula de debido proceso significa algo, tiene que significar eso. Es, ante todo, una gran victoria para los no ciudadanos», apuntó.

En su fallo, Saris ordenó a la corte de Inmigración de Boston que notifique a los inmigrantes no criminales actualmente detenidos su decisión. Lo mismo aplica para las personas que ya han recibido una audiencia de fianza como para las que esperan una audiencia de fianza.

Además, ordenó que para el 3 de enero de 2020, el gobierno federal identifique y localice a todos los inmigrantes elegibles que ya hayan recibido una audiencia de fianza bajo el proceso anterior.

Saris también estuvo de acuerdo con un argumento adicional presentado por la ACLU en el caso: que la Junta de Apelaciones de Inmigración y el Tribunal Superior del Sistema de Inmigración, también violaron la Ley de Procedimientos Administrativos con su decisión de 1999, que obligaba al detenido a demostrar su inocencia en una audiencia de fianza.

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