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Condado de Carolina del Sur cancela programa de colaboración con ICE

Alguacil del condado de Charleston, en un condado de Carolina del Sur, cancela el programa de colaboración que mantenía con ICE.
2021-01-09T19:35:37+00:00
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FOTO Getty Images
  • Alguacil del condado de Charleston, en Carolina del Sur, cancela el programa de colaboración que mantenía con ICE
  • La nueva alguacil de manera rápida terminó el polémico programa
  • La oficial señaló que la nula confianza de lo inmigrantes «termina hoy conmigo»

Alguacil del condado de Charleston,

en Carolina del Sur, cancela el polémico programa de colaboración que mantenía con el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas ICE.

El martes pasado Kristin Graziano, la nueva alguacil del condado Charleston, en Carolina del Sur, ofreció una rueda de prensa en la que informó que el programa de colaboración que la jurisdicción tenía con el ICE fue cancelado.

Carolina del Sur ICE, Kristin Graziano, Carolina Sur colaboración ICE
FOTO Twitter

Graziano se puso a trabajar rápidamente y en su primer día en el cargo anuló el polémico programa 287 (g) que permitía la cooperación con la agencia federal.

«Queremos que las personas puedan creer que pueden acudir a nosotros, cooperar con nosotros, cuando son víctimas de un delito en nuestra comunidad», empezó diciendo a los periodistas en medio de una taquería local. «Nuestra comunidad de inmigrantes actualmente no tiene esa confianza en nosotros, y eso termina hoy conmigo», agregó.

Según los cálculos de Graziano, este programa de colaboración habría afectado a 2 mil 500 familias en los últimos tres años, razón por la que se apresuró a firmar la resolución que pusiera fin a esa situación. También indicó que

En ese tiempo se usaron millones de dólares de los contribuyentes, en promedio unos cuatro millones anuales de fondos estatales, para detener mayormente a indocumentados no violentos.

Condado de Carolina del Sur cancela programa de colaboración con ICE

Graziano había prometido durante su campaña acabar con este acuerdo en caso de ser elegida en las elecciones del pasado tres de noviembre, en las que derrotó al aspirante a la reelección en el cargo Al Cannon, quien se inclinaba por mantener vigente el programa.

La alguacil alegó que en los últimos años el programa había supuesto millones de dólares de los contribuyentes, para detener mayormente a indocumentados no violentos.

Tras la finalización de este acuerdo en este condado, uno de los más poblados de Carolina del Sur, solo los condados de Lexington, Horry y York mantienen vigente este programa en este sureño estado.

El 287(g) es una sección de la ley migratoria vigente, que permite a los gobiernos locales recibir fondos federales a fin de que puedan entrenar agentes para llevar a cabo funciones propias de la agencia federal, como verificar el estatus legal de los detenidos o entregarlos a ICE en caso sean migrantes indocumentados.

Durante la ceremonia de juramentación de los oficiales a cargo de la alguacil Kristin Graziano, se invitó a los mismos a «usar el increíble poder de este trabajo para hacer de esta comunidad un lugar mejor».

Carolina del Sur ICE, Kristin Graziano, Carolina Sur colaboración ICE
FOTO Twitter @ChasCoSheriff

«Los desafío a que vengan a trabajar todos los días determinados a ser lo mejor que puedan”, “y sin importar los obstáculos que enfrenten, les pido que traten a todas las personas con dignidad y respeto y sigan siendo los profesionales que ya son”, agregó.

Archivado como: Carolina del Sur ICE

De acuerdo con el periódico local Charleston Post Courier, desde la llegada de Trump al poder numerosas agencias locales han colaborado con el ICE.

Incluso, el condado de Charleston ha retenido a inmigrantes indocumentados bajo la sección de la ley migratoria 287(g).

Nina Richards, una abogada de inmigración dijo para el diario local que la ley “desdibuja la línea divisoria entre la policía local y el ICE, causando miedo».

FOTO Archivo MH

«Ahora las familias inmigrantes sabrán que… la Oficina del Sheriff de Charleston no trabaja con ICE a menos que haya una orden firmada por un juez federal para el arresto del inmigrante», agregó.

“No puedo evitar que hagan su trabajo”, dijo Graziano, ante la respuesta de autoridades del ICE con la amenaza de incrementar ‘la aplicación de la ley’ en el estado, de acuerdo con el rotativo local.

«Pero ese no es nuestro papel… estamos aquí para servir a nuestra comunidad», finalizó Kristin Graziano.

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La jueza federal del Distrito de Columbia Tanya Chutkan cerró este lunes el caso contra el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump.

Esto por injerencia electoral y el asalto al Capitolio de 2021 después de que se lo pidiera el fiscal especial, Jack Smith, según informó la agencia Efe.

La jueza aceptó la solicitud presentada por Smith, quien argumentó que Trump ganó las elecciones del pasado 5 de noviembre.

Y que la normativa del Departamento de Justicia le impide procesar a un presidente que esté en ejercicio.

Jueza cierra cosa contra Trump por asalto al Capitolio

En un escrito judicial, Chutkan constató que la fiscalía pidió desestimar el caso y que la defensa de Trump no se opone a ello, de manera que determinó cerrar la causa.

El fiscal abandonó hoy las dos acusaciones penales que mantenía contra Trump en tribunales federales.

La del asalto al Capitolio, dirimida en el Distrito de Columbia; y la de los documentos clasificados que el republicano se llevó de la Casa Blanca, un caso de Florida.

Trump dijo durante la campaña que en su primer día como presidente despediría a Smith y ordenaría a la fiscalía cerrar los casos en su contra que, según sostiene, fueron motivados por una persecución política.

Trump, que ya fue presidente entre 2017 y 2021, estaba acusado en el Distrito de Columbia por sus intentos para revertir los resultados de las elecciones que perdió en 2020 contra Joe Biden.

Y por haber presuntamente instigado el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021.

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Ese día, una turba de seguidores del republicano irrumpió en el edificio del Congreso para intentar, sin éxito, frenar la ratificación de la victoria electoral de Biden.

En Florida, Trump está acusado de haberse llevado sin permiso centenares de documentos clasificados de su primer mandato y haberlos retenido ilegalmente en su mansión de Mar-a-Lago.

La fiscalía había afrontado muchas dificultades para avanzar en ambos casos desde que el Tribunal Supremo, de mayoría conservadora, falló en julio que los expresidentes del país gozan de una amplia inmunidad judicial.

La decisión de Smith de tirar la toalla supone una nueva victoria judicial para Trump, quien acumulaba hasta cuatro imputaciones por delitos penales.

En mayo pasado, hizo historia al convertirse en el primer expresidente condenado por un delito.

Esto después de que fuera declarado culpable en un juicio estatal de Nueva York por haber falsificado registros comerciales para comprar el silencio de la actriz porno Stormy Daniels en la campaña electoral de 2016.

Sin embargo, el juez Juan Merchan retrasó el viernes la sentencia del juicio penal.

La sentencia estaba programada para el 26 de noviembre, y no dio indicaciones para una posible nueva fecha.

Sobre Trump pesa un cuarto caso penal, en un tribunal estatal de Georgia, por injerencia electoral en los comicios de 2020.

Pero la causa se vio afectada por la relación amorosa que la fiscal Fani Willis tuvo con un subordinado.

Trump emerge indiscutiblemente victorioso, habiendo logrado retrasar las investigaciones mediante maniobras legales y luego ganar la reelección, según la agencia The Associated Press.

Esto a pesar de las acusaciones que describían sus acciones como una amenaza para los fundamentos constitucionales del país.

El resultado deja claro que, cuando se trata de un presidente y acusaciones penales, nada supera el veredicto de los votantes.

En documentos judiciales, el equipo de Smith enfatizó que la decisión de terminar las acusaciones no reflejaba la validez de los casos.

Sino un reconocimiento del escudo legal que protege a cualquier comandante en jefe.

“Esa prohibición es categórica y no depende de la gravedad de los delitos imputados, la solidez de las pruebas del Gobierno o los méritos de la acusación, que el Gobierno respalda plenamente”, señalaron los fiscales en uno de sus escritos.

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