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Defensa de Trump en el juicio político es revanchismo político

Defensa de Trump impeachment. Abogados del expresidente negaron que tuviera papel alguno en la incitación del asalto al Capitolio
2021-02-12T16:50:10+00:00
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Senate TV vía AP
  • Defensa de Trump impeachment. Los abogados del expresidente negaron enérgicamente que tuviera papel alguno en la incitación del asalto al Capitolio
  • Aseguran que el segundo juicio político contra Trump está motivado por el «odio» y parte de una «cacería de brujas» demócrata
  • El proceso podría culminar con una votación este fin de semana por parte de los senadores, que fungen como jurado

Defensa de Trump impeachment.

Los abogados de Donald Trump iniciaron la defensa del expresidente en su juicio político negando enérgicamente que tuviera papel alguno de incitación del mortífero asalto al Capitolio y caracterizando la acusación de motivada por el “odio” y parte de una “cacería de brujas” demócrata.

Dijeron a los senadores que Trump tenía derecho a cuestionar los resultados de la elección de 2020 y que al hacerlo, incluso en un discurso que precedió el asalto al Capitolio, eso no significó incitar los actos de violencia que se produjeron a continuación. Trataron de volver los argumentos de los acusadores en su contra al comparar los cuestionamientos demócratas del triunfo de Trump en 2016 con la actitud de Trump en la última elección. Cuando Trump imploró a sus seguidores que “pelearan como demonios” el 6 de enero, eso no se diferenciaba con la retórica de los demócratas en cuanto a incitar a la violencia.

“Esta es retórica política que es prácticamente imposible de distinguir del lenguaje utilizado por la gente de todo el espectro político durante cientos de años”, dijo Michael van der Veen, uno de los abogados de Trump. “Innumerables políticos han hablado de luchar por nuestros principios”.

Después de una acusación que recurrió a imágenes violentas del asalto al Capitolio, el juicio político pasó a los abogados defensores, que hicieron una concesión fundamental: la violencia fue tan traumática, inaceptable e ilegal como dicen los demócratas, pero Trump no la ordenó. Van der Veen dijo que el asalto fue realizado por personas que “secuestraron” para sus propios fines lo que debía ser un evento pacífico y habían hecho planes para ejercer la violencia antes de que Trump hablara.

“Uno no puede incitar lo que iba a suceder”, dijo.

Reconocer los horrores de la jornada tuvo por objeto mellar el impacto visceral de los argumentos demócratas y virar rápidamente a lo que consideran el asunto medular del juicio, y con más posibilidades de ganar: si es que se puede considerar al entonces presidente Trump responsable de incitar el ataque del 6 de enero. Cinco personas murieron a causa del asalto al Capitolio y sus secuelas.

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Es un argumento dirigido a los senadores republicanos, que quieren aparecer condenando la violencia, pero sin llegar a condenar al ahora exmandatario.

“No lo han vinculado en absoluto con Trump”, dijo David Schoen, uno de los abogados del expresidente, hacia el final de los dos días que se tomaron los demócratas para tratar de demostrar precisamente eso.

Anticipó la esencia de su alegato el martes al decir al jurado integrado por los senadores: “No es necesario mostrar películas para demostrar que los disturbios sucedieron aquí. Reconoceremos que sucedió y que ustedes lo saben bien”.

El proceso podría culminar con una votación este fin de semana por parte de los senadores, que fungen como jurado.

En documentos legales y alegatos al inicio de la semana, los abogados de Trump dejaron en claro su posición de que los responsables de los disturbios fueron los revoltosos que asaltaron el edificio y que están siendo juzgados por la justicia.

Anticipándose a la táctica de la defensa, los acusadores buscaron unir la retórica del presidente a las acciones de la turba mediante una reconstrucción de videos hasta ahora inéditos, con declaraciones de Trump en las que exhorta a sus seguidores a anular los resultados de la elección.

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Al finalizar su presentación el jueves, los demócratas utilizaron videos y palabras de la turba el 6 de enero para incriminar a Trump. “Nos invitaron a venir”, dijo uno. “Trump nos envió”, dijo otro. “Él va a estar feliz. Estamos luchando por Trump”.

“Realmente creyeron que toda esta invasión fue por órdenes del presidente”, dijo la representante Diana DeGette. “El presidente les dijo que vinieran”.

El objetivo de los fiscales fue retratar a Trump no como un espectador sino como el “incitador en jefe” que durante meses difundió mentiras y acicateó a sus seguidores a no reconocer la elección.

Además de la condena, piden que sea vetado de cualquier función pública federal en el futuro.

Trump está acusado de incitar la insurrección, y los fiscales señalaron que el asalto era predecible dadas las múltiples instrucciones públicas y detalladas que les dio a sus simpatizantes mucho antes de su discurso en la Casa Blanca que desató el asalto del 6 de enero.

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“Si pretendemos que esto no sucedió, o peor, si permitimos que no tenga consecuencias, ¿quién dice que no sucederá de nuevo?”, argumentó el jueves el representante demócrata Joe Neguse, en su calidad de fiscal. Los demócratas advirtieron que, incluso fuera del gobierno, Trump podría incitar a una turba de simpatizantes a causar daños similares.

Los demócratas, que tienen pocas esperanzas de lograr una condena de parte de las dos terceras partes de un Senado dividido exactamente por la mitad, también están presentando sus argumentos ante el pueblo estadounidense, mientras que los abogados de Trump y los republicanos se enfocan más en lo legal que en las cuestiones emotivas o histórica, con la esperanza de dejar todo esto en el pasado lo más rápido posible.

El segundo juicio político a Trump, bajo el cargo de incitar a una insurrección, es similar al proceso que enfrentó el año pasado en torno a sus relaciones con Ucrania, y los fiscales advierten al Senado que Trump ha demostrado que no tiene límites y representa un peligro constante al orden público a menos que sea condenado. Incluso fuera de la Casa Blanca, el exmandatario tiene una gran influencia sobre una enorme cantidad de votantes.

Los representantes demócratas que fungen como fiscales trazaron una línea recta entre los reiterados comentarios de Trump en los que condonaba e incluso celebraba la violencia —elogiando “a ambas partes” después una marcha de supremacistas blancos en Charlottesville, Virginia, en 2017— y los comentarios con que exhortó a sus simpatizantes el mes pasado a dirigirse hacia el Capitolio y luchar por su presidencia. Propagó afirmaciones falsas de fraude electoral y pidió a sus seguidores que “detuvieran el robo” de su presidencia.

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La jueza federal del Distrito de Columbia Tanya Chutkan cerró este lunes el caso contra el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump.

Esto por injerencia electoral y el asalto al Capitolio de 2021 después de que se lo pidiera el fiscal especial, Jack Smith, según informó la agencia Efe.

La jueza aceptó la solicitud presentada por Smith, quien argumentó que Trump ganó las elecciones del pasado 5 de noviembre.

Y que la normativa del Departamento de Justicia le impide procesar a un presidente que esté en ejercicio.

Jueza cierra cosa contra Trump por asalto al Capitolio

En un escrito judicial, Chutkan constató que la fiscalía pidió desestimar el caso y que la defensa de Trump no se opone a ello, de manera que determinó cerrar la causa.

El fiscal abandonó hoy las dos acusaciones penales que mantenía contra Trump en tribunales federales.

La del asalto al Capitolio, dirimida en el Distrito de Columbia; y la de los documentos clasificados que el republicano se llevó de la Casa Blanca, un caso de Florida.

Trump dijo durante la campaña que en su primer día como presidente despediría a Smith y ordenaría a la fiscalía cerrar los casos en su contra que, según sostiene, fueron motivados por una persecución política.

Trump, que ya fue presidente entre 2017 y 2021, estaba acusado en el Distrito de Columbia por sus intentos para revertir los resultados de las elecciones que perdió en 2020 contra Joe Biden.

Y por haber presuntamente instigado el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021.

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Ese día, una turba de seguidores del republicano irrumpió en el edificio del Congreso para intentar, sin éxito, frenar la ratificación de la victoria electoral de Biden.

En Florida, Trump está acusado de haberse llevado sin permiso centenares de documentos clasificados de su primer mandato y haberlos retenido ilegalmente en su mansión de Mar-a-Lago.

La fiscalía había afrontado muchas dificultades para avanzar en ambos casos desde que el Tribunal Supremo, de mayoría conservadora, falló en julio que los expresidentes del país gozan de una amplia inmunidad judicial.

La decisión de Smith de tirar la toalla supone una nueva victoria judicial para Trump, quien acumulaba hasta cuatro imputaciones por delitos penales.

En mayo pasado, hizo historia al convertirse en el primer expresidente condenado por un delito.

Esto después de que fuera declarado culpable en un juicio estatal de Nueva York por haber falsificado registros comerciales para comprar el silencio de la actriz porno Stormy Daniels en la campaña electoral de 2016.

Sin embargo, el juez Juan Merchan retrasó el viernes la sentencia del juicio penal.

La sentencia estaba programada para el 26 de noviembre, y no dio indicaciones para una posible nueva fecha.

Sobre Trump pesa un cuarto caso penal, en un tribunal estatal de Georgia, por injerencia electoral en los comicios de 2020.

Pero la causa se vio afectada por la relación amorosa que la fiscal Fani Willis tuvo con un subordinado.

Trump emerge indiscutiblemente victorioso, habiendo logrado retrasar las investigaciones mediante maniobras legales y luego ganar la reelección, según la agencia The Associated Press.

Esto a pesar de las acusaciones que describían sus acciones como una amenaza para los fundamentos constitucionales del país.

El resultado deja claro que, cuando se trata de un presidente y acusaciones penales, nada supera el veredicto de los votantes.

En documentos judiciales, el equipo de Smith enfatizó que la decisión de terminar las acusaciones no reflejaba la validez de los casos.

Sino un reconocimiento del escudo legal que protege a cualquier comandante en jefe.

“Esa prohibición es categórica y no depende de la gravedad de los delitos imputados, la solidez de las pruebas del Gobierno o los méritos de la acusación, que el Gobierno respalda plenamente”, señalaron los fiscales en uno de sus escritos.

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