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El ‘impeachment’ contra Trump comenzará la semana del 8 de febrero

El segundo impeachment contra el expresidente Donald Trump comenzará la semana del 8 de febrero, dijo el líder demócrata Chuck Schumer
2021-01-22T19:59:40+00:00
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Archivo MH
  • El segundo impeachment contra el expresidente Donald Trump comenzará la semana del 8 de febrero, dijo el líder demócrata Chuck Schumer
  • Schumer indicó que las acusaciones para el juicio político serán enviadas a la Cámara Alta el lunes 25 de enero
  • El juicio político contra Trump será por «incitar a la insurrección» con el asalto al Capitolio

Impeachment ocho de febrero. El segundo juicio político contra el expresidente Donald Trump por «incitar a la insurrección» con el asalto al Capitolio comenzará formalmente la semana del 8 de febrero, afirmó este viernes el líder de la mayoría demócrata en el Senado, Chuck Schumer.

Schumer indicó que las acusaciones para el juicio político serán enviadas

a la Cámara Alta el lunes, 25 de enero, y el martes se iniciarán las cuestiones de procedimiento y los preparativos para llevarlo a cabo.

Anteriormente, el jefe de la minoría republicana en el Senado, Mitch McConnell, había pedido un retraso del comienzo del juicio político hasta mediados de febrero para permitir a la defensa de Trump prepararse.

Schumer indicó que él y McConnell seguirán negociando la duración y el formato del proceso de destitución.

«Pero no se equivoquen, el juicio se celebrará en el Senado de Estados Unidos, y habrá un voto sobre ‘condenar’ o no al presidente», dijo el demócrata.

«Será un juicio completo, será un juicio justo», defendió.

La presidenta de la Cámara de Representantes, la progresista Nancy Pelosi, había señalado en un comunicado que estaba «atenta a la ecuanimidad del proceso» y destacó que Trump tendrá el mismo tiempo para preparar su defensa que los legisladores que actuarán de «fiscales» en el juicio político.

Este será el segundo «impeachment», como se conoce el proceso de destitución en inglés contra Trump, que salió airoso del primero a comienzos de 2020 por sus presiones a Ucrania.

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Trump, el primer mandatario en ser sometido a dos juicios políticos, afronta en esta ocasión el cargo de «incitar a la insurrección» por el asalto violento al Capitolio del pasado 6 de enero de una turba de sus seguidores, que dejó cinco muertos, entre ellos un policía.

Aunque el proceso no podrá resultar ya en la destitución de Trump, que abandonó la Casa Blanca el miércoles, los demócratas confían en que resulte en la inhabilitación del expresidente para ocupar futuros cargos políticos.

Según las reglas del Senado, cualquier juicio político debe empezar a las 13.00 hora local (ET) del día siguiente del momento en el que la Cámara Baja envíe a la Alta el cargo en cuestión, conocido como artículo del «impeachment».

Sin embargo, el Senado tiene cierta flexibilidad para amoldar el calendario.

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El desbarajuste financiero del ciudadano Trump

Cuando este miércoles el hasta ese momento presidente de Estados Unidos Donald Trump subía por última vez al Air Force One camino de su residencia de Mar a Lago, en Florida, al ritmo de la canción «YMCA» del grupo Village People, dejaba atrás cuatro años de turbulenta presidencia, para retomar los mandos de su empresa y tratar de poner orden a su desbarajuste financiero.

En los últimos meses de su primer y último mandato, la prensa local, con el New York Times a la cabeza, aireó sus problemas con el fisco, que mantiene abierta una auditoría que podría costarle 100 millones de dólares.

Ya antes de trasladar su residencia a la Casa Blanca en 2016, sus negocios, centrados en el sector inmobiliario y turístico, no vivían su mejor momento y, con la llegada de la pandemia, ambos sectores se han visto especialmente golpeados.

Según datos revelados por los medios estadounidenses, se sabe que el famoso constructor de las torres Trump debe, entre otras deudas, en torno a 285 millones de dólares por su edificio en la avenida de las Américas en Nueva York, 170 millones por el hotel Trump International, en Washington, 162 millones por un rascacielos que levantó en San Francisco y otros 125 millones por el hotel y campo de golf Trump National Coral en Miami.

Unas deudas que, según la revista Forbes, debe resolver en los próximos tres años.

En total, el empresario debe hacer frente a un agujero de en torno a 1.000 millones de dólares, que, sin embargo, para la revista Forbes no suponen que esté «arruinado», ya que sus activos, según los cálculos de esta publicación centrada en hacer estimaciones patrimoniales de famosos y personalidades, se elevan a 3.660 millones.

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La jueza federal del Distrito de Columbia Tanya Chutkan cerró este lunes el caso contra el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump.

Esto por injerencia electoral y el asalto al Capitolio de 2021 después de que se lo pidiera el fiscal especial, Jack Smith, según informó la agencia Efe.

La jueza aceptó la solicitud presentada por Smith, quien argumentó que Trump ganó las elecciones del pasado 5 de noviembre.

Y que la normativa del Departamento de Justicia le impide procesar a un presidente que esté en ejercicio.

Jueza cierra cosa contra Trump por asalto al Capitolio

En un escrito judicial, Chutkan constató que la fiscalía pidió desestimar el caso y que la defensa de Trump no se opone a ello, de manera que determinó cerrar la causa.

El fiscal abandonó hoy las dos acusaciones penales que mantenía contra Trump en tribunales federales.

La del asalto al Capitolio, dirimida en el Distrito de Columbia; y la de los documentos clasificados que el republicano se llevó de la Casa Blanca, un caso de Florida.

Trump dijo durante la campaña que en su primer día como presidente despediría a Smith y ordenaría a la fiscalía cerrar los casos en su contra que, según sostiene, fueron motivados por una persecución política.

Trump, que ya fue presidente entre 2017 y 2021, estaba acusado en el Distrito de Columbia por sus intentos para revertir los resultados de las elecciones que perdió en 2020 contra Joe Biden.

Y por haber presuntamente instigado el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021.

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Ese día, una turba de seguidores del republicano irrumpió en el edificio del Congreso para intentar, sin éxito, frenar la ratificación de la victoria electoral de Biden.

En Florida, Trump está acusado de haberse llevado sin permiso centenares de documentos clasificados de su primer mandato y haberlos retenido ilegalmente en su mansión de Mar-a-Lago.

La fiscalía había afrontado muchas dificultades para avanzar en ambos casos desde que el Tribunal Supremo, de mayoría conservadora, falló en julio que los expresidentes del país gozan de una amplia inmunidad judicial.

La decisión de Smith de tirar la toalla supone una nueva victoria judicial para Trump, quien acumulaba hasta cuatro imputaciones por delitos penales.

En mayo pasado, hizo historia al convertirse en el primer expresidente condenado por un delito.

Esto después de que fuera declarado culpable en un juicio estatal de Nueva York por haber falsificado registros comerciales para comprar el silencio de la actriz porno Stormy Daniels en la campaña electoral de 2016.

Sin embargo, el juez Juan Merchan retrasó el viernes la sentencia del juicio penal.

La sentencia estaba programada para el 26 de noviembre, y no dio indicaciones para una posible nueva fecha.

Sobre Trump pesa un cuarto caso penal, en un tribunal estatal de Georgia, por injerencia electoral en los comicios de 2020.

Pero la causa se vio afectada por la relación amorosa que la fiscal Fani Willis tuvo con un subordinado.

Trump emerge indiscutiblemente victorioso, habiendo logrado retrasar las investigaciones mediante maniobras legales y luego ganar la reelección, según la agencia The Associated Press.

Esto a pesar de las acusaciones que describían sus acciones como una amenaza para los fundamentos constitucionales del país.

El resultado deja claro que, cuando se trata de un presidente y acusaciones penales, nada supera el veredicto de los votantes.

En documentos judiciales, el equipo de Smith enfatizó que la decisión de terminar las acusaciones no reflejaba la validez de los casos.

Sino un reconocimiento del escudo legal que protege a cualquier comandante en jefe.

“Esa prohibición es categórica y no depende de la gravedad de los delitos imputados, la solidez de las pruebas del Gobierno o los méritos de la acusación, que el Gobierno respalda plenamente”, señalaron los fiscales en uno de sus escritos.

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